Por: Fernando Calmell del Solar
Esta no es una columna de la sección deportiva, pero voy a comenzar hablando de fútbol.
¿Se acuerdan? Hace 6 años, Perú se jugaba un partidazo contra Brasil, iniciaba las eliminatorias y, de repente, el árbitro, avalado por el VAR, cobró unos penales con los que Brasil nos volteó el partido. Las eliminatorias arrancaban, pero ahí pudo estar la diferencia de llegar al Mundial. Todos los peruanos gritamos y exigimos justicia.
Todos decíamos: “Nos robaron el partido… le pagaron al árbitro… ese árbitro es un ladrón y coimero… tenemos que reclamar ante la FIFA…”. Otros, más mesurados, decían: “Se equivocó… ¿por qué no recurrió al VAR?… no conoce el reglamento…”.
Bueno, como sea… ese árbitro, ya sea por ladrón, coimero, negligente o equivocado, alteró el resultado y muy probablemente fueron los puntos que nos dejaron sin ir al Mundial… y el Perú pidió que ese árbitro nunca más dirija en un partido de nuestra selección.
Y eso es lo que ha pasado en este proceso electoral… Ya sea fraude, irregularidades, corrupción o negligencia… el resultado de las elecciones ha sido alterado, y de eso nadie tiene dudas.
Pero la cosa no queda ahí, porque el JNE anunció que se haría una auditoría, pero, oh maravilla, resulta que la ONPE, hoy la institución más desprestigiada del Perú, ha hecho una “auditoría” a sus sistemas, pero no con los mejores del mundo, ni siquiera con una empresa respetada; ha hecho una autoauditoría con una “empresa” que nadie conocía, que no tiene oficina y que dice tener oficinas en Chile, pero el titular no se acuerda ni de la dirección de su oficina. ¿En serio?
Una autoauditoría es como si el juez y el fiscal que deben meter preso a un prontuariado delincuente de una organización criminal ¡sean de la misma organización criminal!
Esto suena absurdo, pero es lo que viene haciendo la ONPE. Hacer una auditoría seria, con una o más de las empresas más renombradas a nivel mundial, que no podrán ser acusadas de ser parciales por ningún peruano ni partido político, no cuesta ni lo que fue el contrato con Galaga.
Hacer esa auditoría toma 3 a 4 semanas. Ya vamos más de 4 semanas desde el día de las elecciones, ¿por qué aún ni siquiera se ha empezado una auditoría externa y confiable?
Aplazar la segunda vuelta no trae consigo ningún problema siempre y cuando los resultados estén antes del 28 de julio, y, amigos, tiempo hay.
Yo me pregunto, y Uds. seguro también: ¿qué pasa si vamos a la segunda vuelta, gana uno de los 2 que están peleando ahora por pasar la primera vuelta, y la auditoría bien hecha nos dice que esa persona nunca debió ni siquiera llegar a la segunda vuelta?
Otra pregunta: ¿por qué seguimos en manos del árbitro del cual todos los peruanos dudamos? ¿Por qué la ONPE sigue decidiendo qué pasará?
Pedir una auditoría independiente a los sistemas antes de la segunda vuelta es pedir conocer la verdad de qué pasó. El riesgo de no tener credibilidad, ni certeza y, lo que es peor, legitimidad en los resultados generará una inestabilidad más grande para el futuro gobierno, de quien sea, con un país aún más dividido y convulsionado.
Esa es la Realidad Real
