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Desde su asunci\u00f3n, el gobierno de Javier Milei tom\u00f3 un conjunto de decisiones de ajuste y persecuci\u00f3n ideol\u00f3gica que impactan directamente en nuestros derechos como mujeres y personas LGBTIQ+ con discapacidad. La evidencia previa en nuestro pa\u00eds mostraba que la mayor\u00eda de las mujeres y personas LGBTIQ+ con discapacidad hab\u00eda sufrido alg\u00fan tipo de violencia y que enfrentaba barreras espec\u00edficas para acceder a la Justicia y a servicios de apoyo, a la salud y otros derechos. Protocolos, adaptaciones comunicacionales y dispositivos especializados depend\u00edan hist\u00f3ricamente de programas estatales fr\u00e1giles frente a cambios pol\u00edticos.<\/p>\n
El nuevo gobierno impuls\u00f3 una reestructuraci\u00f3n institucional que incluy\u00f3 el desmantelamiento de \u00e1reas espec\u00edficas de g\u00e9nero y discapacidad, recortes masivos y un debilitamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad. No medidas neutras: al reducirse los dispositivos especializados se amplifican las barreras que ya enfrentamos mujeres y diversidades con discapacidad, generando una vulneraci\u00f3n doble y espec\u00edfica de derechos por g\u00e9nero y discapacidad.<\/p>\n
Y tambi\u00e9n, se interrumpe el di\u00e1logo y la consulta con organizaciones de personas con discapacidad, sobre todo en cuestiones que hacen a la prevenci\u00f3n de violencias y abuso, lo cual deja en suspenso el incipiente compromiso del Estado con la visibilizaci\u00f3n y respuesta al colectivo de mujeres y personas de la diversidad con discapacidad.<\/p>\n
Entre 2019 y 2023, se hab\u00eda logrado constituir equipos de trabajo para capacitar a profesionales de salud, Justicia y asesoramiento ante situaciones de violencia, que fueran las propias personas con discapacidad, con idoneidad y conocimientos en la materia. Las personas con discapacidad somos miradas con desconfianza, se nos exige acreditar de mil y un formas tanto nuestra condici\u00f3n. Tambi\u00e9n se nos culpabiliza, instalando en el sentir social que somos improductivas, y que absorbemos cantidades ingentes de recursos del Estado, de las cuales se ven privados otros sectores.<\/p>\n
En materia presupuestaria, informes p\u00fablicos se\u00f1alan recortes de entre 70 y 100% en programas de violencia de g\u00e9nero durante los primeros meses de 2024, adem\u00e1s de la ausencia de partidas sustantivas para la L\u00ednea 144 o el Programa Acompa\u00f1ar en proyecciones posteriores. En 2025 esos recortes se profundizaron: la L\u00ednea 144 registr\u00f3 una reducci\u00f3n del 64 por ciento en su presupuesto y el Programa Acompa\u00f1ar directamente dej\u00f3 de figurar como partida identificable. Si bien este programa no era compatible para mujeres con discapacidad beneficiarias de pensiones no contributivas, era fundamental para brindar asistencia econ\u00f3mica y respuesta en situaciones cr\u00edticas. Este ajuste se traduce en menos refugios accesibles, que ya de por s\u00ed eran insuficientes, menos equipos formados en perspectiva de g\u00e9nero y discapacidad y menor disponibilidad de adaptaciones para denunciar o recibir atenci\u00f3n.<\/p>\n
Este escenario de recortes ha afectado tambi\u00e9n al Programa Equiparar, una iniciativa p\u00fablica destinada a mujeres y personas LGBTIQ+ con discapacidad orientada a transversalizar la perspectiva de g\u00e9nero y diversidad en pol\u00edticas p\u00fablicas, garantizar accesibilidad, asistencia legal y administrativa, y la prevenci\u00f3n y abordaje de violencias, dej\u00e1ndolo en gran parte desarticulado.<\/p>\n
En paralelo, el Ejecutivo impuls\u00f3 auditor\u00edas masivas sobre pensiones no contributivas por discapacidad, afectando a cientos de miles de mujeres y personas LGBTIQ+ con discapacidad y sin protocolos con perspectiva de g\u00e9nero y derechos. Desde las organizaciones de la sociedad civil denunciamos la manipulaci\u00f3n de datos, la falta de salvaguardas y el riesgo real de p\u00e9rdida de nuestros ingresos m\u00e1s b\u00e1sicos, un punto cr\u00edtico para la autonom\u00eda econ\u00f3mica de mujeres y diversidades con discapacidad, especialmente en situaciones de violencia o dependencia econ\u00f3mica.<\/p>\n
Los datos judiciales confirman la dimensi\u00f3n interseccional del problema: en relevamientos oficiales sobre trata, explotaci\u00f3n o violencia hacia personas con discapacidad, alrededor del 68% de las v\u00edctimas identificadas somos mujeres. Muchas atravesamos contextos de dependencia social, discriminaci\u00f3n m\u00faltiple y barreras para acceder a medidas de protecci\u00f3n reales. Esa cifra pone en evidencia la carga espec\u00edfica de g\u00e9nero y discapacidad en situaciones de violencia estructural.<\/p>\n
Incluso en este contexto de retrocesos, las personas con discapacidad seguimos construyendo comunidad, participaci\u00f3n pol\u00edtica y espacios donde ejercer nuestro deseo, autonom\u00eda y dignidad. Nuestra historia demuestra que no somos objeto de asistencia, sino sujetas y sujetos de derechos capaces de disputar sentidos, exigir accesibilidad real, decidir sobre nuestros cuerpos y proyectar vidas plenas, dignas de ser vividas.<\/p>\n
Frente a los recortes y el vaciamiento institucional, no nos vamos a resignar: vamos a defender el derecho a vivir libres de violencias, a transitar por entornos accesibles, a vincularnos, trabajar y decidir sobre nuestros proyectos de vida. Esa pelea no es simb\u00f3lica: es concreta, cotidiana y colectiva, y desde FAICA la sostenemos con la convicci\u00f3n de que ninguna pol\u00edtica de ajuste y crueldad va a poder borrar la potencia pol\u00edtica y social que construimos todos los d\u00edas. \u00ab<\/p>\n
Material producido en colaboraci\u00f3n con Discasta.<\/em><\/strong><\/p>\n<\/p><\/div>\n