La C\u00e1mara Contencioso Administrativo Federal dict\u00f3 un fallo clave que obliga al Gobierno nacional a dar cumplimiento efectivo a la Ley de Financiamiento Universitario (N\u00b0 27.795)<\/strong>. La sentencia ratifica que el Poder Ejecutivo debe actualizar de manera inmediata los salarios del personal docente y no docente, las partidas destinadas a becas estudiantiles y el financiamiento de los programas de investigaci\u00f3n cient\u00edfica, dejando sin efecto la estrategia de par\u00e1lisis presupuestaria que el oficialismo manten\u00eda sobre la norma.<\/p>\n El tribunal, integrado por los magistrados Sergio Fern\u00e1ndez y Jorge Mor\u00e1n<\/strong>, hizo lugar a la demanda impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)<\/strong> y diversas casas de estudio. En sus fundamentos, la C\u00e1mara record\u00f3 que la ley fue aprobada por el Congreso y confirmada por dos tercios de los votos de ambas c\u00e1maras tras la observaci\u00f3n total (veto) interpuesta originalmente por el Poder Ejecutivo. El fallo subraya que, una vez superada la instancia del veto, la norma posee plena vigencia y su cumplimiento no es discrecional para la administraci\u00f3n central.<\/p>\n \n Foto: Edgardo G\u00f3mez<\/span>\n <\/p>\n El eje de la discusi\u00f3n jur\u00eddica se centr\u00f3 en la validez de la \u00abpausa\u00bb presupuestaria impuesta por la Casa Rosada. Al promulgar la norma, el Gobierno hab\u00eda suspendido su aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica alegando que colisionaba con la Ley de Administraci\u00f3n Financiera<\/strong>. Sin embargo, los camaristas invalidaron este razonamiento con una pregunta t\u00e9cnica central: \u00bfPuede el Ejecutivo sostener que la aplicaci\u00f3n de una ley reciente se encuentra suspendida con sustento en una ley anterior?<\/p>\n Para los jueces Fern\u00e1ndez y Mor\u00e1n, la respuesta es negativa. El fallo sostiene que la Ley de Administraci\u00f3n Financiera no posee una jerarqu\u00eda superior al resto de las leyes dictadas por el Congreso. Por lo tanto, una norma general previa no puede ser utilizada por el Ejecutivo para anular una ley espec\u00edfica y posterior que ordena una asignaci\u00f3n de recursos determinada. El tribunal remarc\u00f3 que el principio de juridicidad<\/strong> obliga al Estado a respetar las decisiones del Poder Legislativo sin interpretaciones que vac\u00eden de contenido las leyes vigentes.<\/p>\n \n Foto: Edgardo G\u00f3mez<\/span>\n <\/p>\n Tras el an\u00e1lisis de las pruebas, la C\u00e1mara confirm\u00f3 que el incumplimiento del financiamiento no representa un ahorro fiscal leg\u00edtimo, sino una vulneraci\u00f3n de derechos constitucionales. Los magistrados validaron lo expuesto en primera instancia por el juez Mart\u00edn Cormick<\/strong>, se\u00f1alando que \u00abno se observa una afectaci\u00f3n al inter\u00e9s p\u00fablico\u00bb por cumplir con la ley. Por el contrario, la sentencia afirma que \u00abla falta de cumplimiento de la ley afecta el derecho a ense\u00f1ar y aprender\u00bb, pilares fundamentales del sistema democr\u00e1tico.<\/p>\n El conflicto se remonta a 2024, cuando la Ley de Financiamiento Universitario fue dise\u00f1ada para garantizar la actualizaci\u00f3n autom\u00e1tica de los presupuestos por inflaci\u00f3n. A pesar de que el Congreso rechaz\u00f3 el veto presidencial de Javier Milei, el Gobierno nacional opt\u00f3 por una \u00abpromulgaci\u00f3n sin recursos\u00bb, argumentando que la norma no especificaba las fuentes de financiamiento y que su aplicaci\u00f3n pondr\u00eda en riesgo el equilibrio fiscal.<\/p>\n \n Foto: NA \/ Xinhua \/ Mart\u00edn Zabala<\/span>\n <\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n La decisi\u00f3n de la C\u00e1mara de Apelaciones se produce en un contexto de alta tensi\u00f3n presupuestaria. D\u00edas atr\u00e1s, la Universidad de Buenos Aires (UBA)<\/strong> y otras instituciones de todo el pa\u00eds denunciaron que el Presupuesto 2026 enviado al Congreso vuelve a omitir los recursos previstos por la Ley de Financiamiento. Las autoridades universitarias advirtieron que, sin estos fondos, peligra la continuidad de funciones cr\u00edticas como la salud universitaria, la extensi\u00f3n y la investigaci\u00f3n cient\u00edfica b\u00e1sica.<\/p>\n Si bien el Gobierno envi\u00f3 un proyecto paralelo para modificar el esquema de financiamiento, el mismo a\u00fan no ha sido tratado por el Poder Legislativo. Con este fallo firme, el Ejecutivo queda obligado a reasignar partidas para cubrir la brecha salarial docente \u2014que seg\u00fan el Consejo Superior de la UBA asciende al 49% desde el inicio de la actual gesti\u00f3n\u2014 y normalizar el pago de becas y programas especiales en todo el sistema universitario nacional.<\/p>\n<\/p><\/div>\n![\"La](\"https:\/\/www.tiempoar.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/WEB-20241002-marcha-educacion-publica-universidades-EDGARDO-GOMEZ-6--1024x683.jpg\" "\\"La")
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\n <\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\nEl principio de jerarqu\u00eda normativa<\/strong><\/h3>\n
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<\/figure>\nFrente judicial y presupuestario<\/strong><\/h3>\n