Iniciativa busca cerrar una brecha histórica de desigualdad laboral y será presentada ante el Congreso de la República.
En un hecho sin precedentes recientes, la Sala Plena del Poder Judicial aprobó por unanimidad un proyecto de ley que plantea la incorporación progresiva de trabajadores bajo contrato CAS (Decreto Legislativo N.° 1057) al régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 728. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, anunció que la iniciativa será enviada al Congreso de la República esta semana, marcando un hito en la lucha por la igualdad de derechos laborales dentro del aparato judicial.
Contexto: una deuda estructural del Estado peruano
Desde su creación en 2008, el régimen CAS ha sido objeto de críticas constantes por parte de trabajadores públicos, juristas y organismos de derechos laborales. Concebido inicialmente como un mecanismo temporal para contratar personal en el Estado de forma ágil, el régimen CAS terminó por instaurarse como un esquema paralelo y precarizado, que restringe derechos fundamentales como la estabilidad laboral, la negociación colectiva o el pago de beneficios plenos.
En el Poder Judicial, esta situación generó una marcada desigualdad entre trabajadores que, cumpliendo las mismas funciones, recibían remuneraciones y beneficios distintos dependiendo de su régimen contractual. El impacto era especialmente visible en trabajadores jurisdiccionales, técnicos, asistentes y personal administrativo, muchos de los cuales llevan años bajo contratos CAS sin oportunidad de regularización.
Reunión histórica con gremios y voluntad política
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, informó sobre la aprobación del proyecto durante una reunión institucional con las principales organizaciones sindicales del sector:
- Federación Nacional de Sindicatos del Poder Judicial (FENSASIPOJ)
- Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial (FNTPJ)
- Sindicato Nacional de Trabajadores Judiciales (SINTRAJUP)
- Federación de Trabajadores del Poder Judicial (FETRAPOJ)
“Este proyecto representa el inicio de un proceso justo, progresivo y transparente para reconocer los derechos de las trabajadoras y trabajadores judiciales bajo régimen CAS”, señaló Tello Gilardi.
La magistrada también destacó que la propuesta cuenta con una base técnica y jurídica sólida, y subrayó la importancia de que el Congreso asuma su responsabilidad para viabilizar esta demanda.
Contenido técnico de la propuesta
El proyecto de ley aprobado plantea la incorporación escalonada al régimen 728 de tres categorías de personal CAS:
- Contratos de plazo indeterminado.
- Contratados con plazas presupuestalmente sostenibles.
- Personal que haya ingresado por concurso público de méritos.
Por el contrario, quedarán excluidos:
- Contratos sujetos a proyectos de inversión o de duración determinada.
- Cargos de confianza o de dirección.
- Contratos por suplencia o contratación directa sin concurso.
La incorporación se realizará de forma progresiva en un plazo no mayor a cuatro ejercicios fiscales, priorizando criterios de antigüedad, años de servicio y sostenibilidad presupuestal.
Asimismo, se creará una comisión técnica con participación de representantes sindicales como veedores, a fin de garantizar la equidad, trazabilidad y fiscalización del proceso.
Sostenibilidad financiera y su vínculo con el cuarto tramo remunerativo
En paralelo a esta iniciativa, la presidenta del PJ anunció que se ha presentado al Congreso un segundo proyecto de ley que propone implementar el cuarto tramo de la escala remunerativa para trabajadores 728.
Este tramo beneficiaría a personal administrativo y jurisdiccional que actualmente gana menos de S/ 1,900 mensuales. La medida busca reducir la desigualdad interna en las remuneraciones y aliviar los estratos más bajos del escalafón judicial, afectado por el estancamiento salarial desde hace más de una década.
“Vamos a impulsar en el Congreso la aprobación de ambas normas, que son parte de una misma lógica de reconocimiento y equidad”, afirmó Tello Gilardi.
Implicancias políticas, institucionales y sociales
La aprobación de este proyecto representa una señal clara de liderazgo institucional del Poder Judicial frente a una demanda postergada por años. Además, envía un mensaje al resto de entidades públicas sobre la posibilidad de cerrar brechas laborales sin comprometer la estabilidad financiera del Estado.
No obstante, la implementación real dependerá de factores como:
- El respaldo político en el Congreso, donde podrían surgir resistencias por parte de bancadas contrarias a la expansión del régimen 728.
- El aval técnico y presupuestal del MEF, que deberá garantizar que la progresividad planteada no genere impactos fiscales insostenibles.
- La presión organizada de los gremios judiciales, que podrían asumir un rol clave en el seguimiento legislativo y en el control social del cumplimiento.
Próximos pasos: lo que viene
- Remisión formal del proyecto al Congreso esta semana.
- Asignación a las comisiones de Trabajo y Presupuesto para su dictamen.
- Presentación de sustento técnico y económico por parte del PJ.
- Debate en el Pleno.
- Posible aprobación y promulgación en 2025.
Mientras tanto, el Poder Judicial deberá preparar internamente los mecanismos administrativos y presupuestales para garantizar que, una vez aprobada la ley, la implementación no se dilate por trabas internas.
Reflexión final: institucionalidad con sentido de justicia
La decisión de la Sala Plena del Poder Judicial no es solo un acto de gestión administrativa, sino una afirmación de principios institucionales en un contexto de descrédito generalizado del Estado.
Reconocer los derechos laborales del personal CAS no solo revaloriza el trabajo dentro del sistema judicial, sino que contribuye a restaurar la confianza en las instituciones, mostrando que el Estado puede ser justo, eficiente y humano al mismo tiempo.
A falta de grandes reformas estructurales, estos gestos concretos de justicia laboral representan avances tangibles hacia una administración pública más equitativa y digna.