Sin aviso previo y bajo un fuerte operativo de seguridad, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzó la instalación de cerramientos opacos en el acceso al Barrio Mugica, en el sector de la histórica feria que linda con la Terminal de Ómnibus en Retiro. La medida se ejecutó tras romper el diálogo con los vecinos: los delegados denuncian que las autoridades rechazaron una reunión por considerarla «insulsa».
La tregua se rompió en la mañana de este lunes bajo la vigilancia de la Infantería. Pasadas las 8 de la mañana, cuadrillas del gobierno porteño desembarcaron en el sector de la calle Rodolfo Walsh, entre Alpaca y Carlos Perette, de la conocida como Villa 31, custodiadas por un fuerte operativo de seguridad.
Alrededor de 30 efectivos del cuerpo de infanteria de la Policia de la Ciudad, equipados con escudos y escopetas, formaron un cordón para garantizar la colocación de las primeras chapas ciegas. «Vinieron con la orden de aprisionarnos; no hubo espacio para la discusión ni alternativas», denunció Rocío Calisaya, delegada de la Feria Latina, mientras observaba cómo los operarios levantaban los paneles metálicos de 3 metros de ancho por 1,50 de alto que ahora separan al barrio de la terminal.
La maniobra tomó por sorpresa a los vecinos, aunque el aviso llegó por una vía insólita. El domingo por la noche, la «Coordinación» —una oficina creada por el Ejecutivo para articular con la feria— envió un mensaje informal de WhatsApp a los delegados: «Les informo que mañana empiezan a poner las chapas». Fue la única comunicación oficial.
Ante el reclamo de una mesa de diálogo, la respuesta de los funcionarios a los feriantes fue tajante: dijeron que una reunión sería «insulsa» porque «no había nada más que hablar«. Según los delegados, la responsabilidad se diluye en un juego burocrático: Espacio Público dice que la orden viene de «Gobierno», y la Coordinación señala a Espacio Público.
Invisibilizarlos
El conflicto se sitúa en una zona estratégica. Según detallan los delegados, la Feria Latina se despliega puntualmente sobre la calle Rodolfo Walsh, en el tramo comprendido entre Carlos Perette y la calle Alpaca. Allí, unos 250 feriantes habilitados (permisionarios) ven amenazada su continuidad laboral inmediata. La zona funciona como una frontera permeable: las rejas actuales separan al barrio de la Terminal de Ómnibus, pero permiten la interacción visual y comercial.
Ese «rebusque» organizado, vital para la economía del día a día, es lo que el nuevo muro va a cortar. Aunque según los feriantes, el Gobierno diga que es para ‘ordenar y seguridad’, los trabajadores afectados denuncian que la medida busca invisibilizarlos y expulsarlos del mapa.
«Las chapas tapan nuestra visibilidad y, por ende, nos aíslan de un sector urbanizado», sentenció Rocío Calisaya, delegada electa y feriante con 23 años de historia en el lugar. Su mandato nace de la necesidad de ponerle el cuerpo a la desidia oficial: «Me postulé porque veía que el gobierno porteño tomaba decisiones sobre nosotros sin informarnos, creando injusticias con quienes no tienen conocimiento para defenderse».
Para la delegada, la defensa del espacio no es caprichosa: «Tomé conciencia de que mi trabajo es digno». Por eso, advierte que la «muralla» no busca ordenar, sino esconder el circuito de economía popular, condenando a la feria a la asfixia comercial y pudiendo traer afectaciones a la salud cuando ocurren olas de calor.
La Feria del Barrio Mugica
La resistencia de los feriantes no es un capricho, sino que responde a una base institucional. Cada año celebran elecciones y deben cumplir requisitos estrictos para ser delegados o feriantes habilitados. Esta organización busca, justamente, frenar los favoritismos. “Jamás se sabía quién tenía autoridad real; algunos eran marginados y otros beneficiados por la mala información”, denuncia Rocío. Pese a tener monotributo social y estar en regla con la Ciudad, el proyecto del muro ignora esta legitimidad y amenaza con ser un certificado de defunción comercial para cientos de familias.
La preocupación vecinal tiene respaldo técnico. Para el arquitecto Gustavo Cañaveral, director de Urbana TV, el cerramiento profundizará la desigualdad. El marca un contraste claro: mientras en Puerto Madero las obras integran, en la Villa 31 la respuesta oficial ante la falta de servicios es el ocultamiento. El experto advierte que, sin ventilación, las chapas convertirán a la feria en un verdadero horno, poniendo en riesgo la salud en plena ola de calor. “El tapar tiene que ver con las injusticias que dejaron en el camino; con las fallas de una urbanización que no debían haber quedado”, sentenció.
La falta de respuestas agrava aún mas el conflicto. “Ninguna autoridad bajó al territorio; solo mandaron mensajes de WhatsApp a través de un coordinador’”, continuo con su relato Rocío. Ante este ninguneo, el pasado 28 de enero presentaron una nota formal en la Secretaría de Integración Social y Urbana. En el documento, al que accedió Tiempo Argentino, calificaron la medida de ‘discriminatoria‘ y alertaron sobre los riesgos sanitarios. Pero el planteo chocó contra una pared. Este medio intentó contactar a los funcionarios responsables, pero el pedido de información no obtuvo respuesta al cierre de esta nota.
La denuncia vecinal encuentra respaldo jurídico en Facundo Di Filippo, ex legislador y redactor de la Ley 3343 de urbanización. Para el abogado, avanzar sin consulta previa es una violación alevosa de las normas. Ademas es tajante: la obra ignora el Artículo 6 de la Ley 6129, que obliga a consultar al Consejo de Gestión Participativa (CGP).
“Al saltearse este paso, la gestión de Jorge Macri transforma una obra pública en un atropello ilega”‘, explicó. Según su análisis, esto confirma el “desinfle de la integración: prefieren levantar un muro que oculte la realidad antes que resolver los problemas de fondo”,
Según su análisis, este atropello institucional marca el “retroceso” definitivo del proceso de integración sociourbana iniciado años atrás. Di Filippo advierte que la administración local abandonó la búsqueda de consensos para adoptar medidas de corte restrictivo, priorizando “generar un muro que oculte la realidad de los vecinos” en lugar de resolver las falencias de infraestructura que persisten tras años de promesas.
En definitiva, el conflicto de la calle Perette excede la colocación de un cerramiento. Lo que está en juego es el modelo de ciudad: una integración real o una ‘puesta en valor’ de maquillaje que segregue. Mientras el gobierno porteño mantiene el silencio, la tensión crece minuto a minuto ante la inminente llegada de cuadrillas al sector Alpaca. La Feria Latina se mantiene en estado de alerta: sus trabajadores saben que aceptar las chapas hoy podría significar, mañana, volver a ser invisibles.