Los niños fueron señalados como uno de los tres pilares fundamentales del gobierno, según vociferó Javier Milei en su tercera apertura de sesiones ordinarias. Como no entró en detalles, no hizo referencia al aumento de planes sociales como única variable con la que sostiene a esa niñez, ni al aumento de la mortalidad infantil por primera vez en décadas, ni a los recortes en programas abocados a la infancia, ni al afán por meter presos a niños de 14 años sin que el Estado les brinde ninguna otra herramienta ni oportunidad.
“La productividad de una nación y su proyección hacia el futuro descansa en las espaldas de una ciudadanía correctamente nutrida, educada y protegida. Sin alimento no hay un correcto desarrollo cognitivo, no se puede educar y no se puede ser participante activo en la economía. Por eso los niños son una prioridad absolutamente de este gobierno”, dijo el mandatario.
La frase siguiente fue más subida de tono: “¡Qué paradójico que los que pongamos primero los niños seamos nosotros, cuando ellos, su líder original, decía que los privilegiados serán los niños y lo único que hicieron fue meter siete de cada diez bajo la pobreza!”
Aunque para el gobierno de Milei los planes sociales son mala palabra, la propia Universidad Católica Argentina planteó que la continuidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es la pieza de contensión frente al empeoramiento de las condiciones de vida. Según la UCA, es clave para evitar que la pobreza sume un 20% más de personas.
El peor indicador
Así y todo, hay un indicador grave sobre la situación de las infancias: la mortalidad infantil en aumento. De hecho, es considerado uno de los factores más sensibles a la situación social de un país. Según datos publicados recientemente en las Estadísticas Vitales 2024, aumentó un 0,5 por mil nacidos vivos la tasa de mortalidad infantil y neonatal. Así, pasó de 8 por mil en 2023 (el número más bajo registrado) a 8,5 en 2024.
“Estamos conmocionados por el aumento de las cifras de Mortalidad Infantil y Mortalidad Materna. Si este aumento se produjo en el primer año de gestión de Javier Milei, ¿qué podemos esperar para el 2025? (las cifras nacionales se publican con 12-14 meses de retraso). ¿Y para el 2026?”, se preguntaron desde la agrupación Pediatras Contra el Hambre.
Uno de sus integrantes, el sanitarista Adrián Díaz, difundió una carta tras la publicación de esas estadísticas. “Además de un indicador demográfico y de salud, la tasa de mortalidad infantil es un marcador de justicia social que refleja la capacidad -o incapacidad- del Estado para proteger la vida en su etapa más vulnerable. Durante décadas, este indicador descendió de manera sostenida en todas las regiones del mundo gracias a intervenciones de salud pública esenciales -atención perinatal, vacunación, control de enfermedades prevalentes- y a mejoras en el acceso a agua segura y saneamiento básico. Sin embargo, estos avances no son irreversibles. En contextos de crisis económicas profundas y políticas de austeridad, la mortalidad infantil suele estancarse o aumentar, en el promedio nacional y/o al interior de los países, profundizando desigualdades preexistentes”, escribió el especialista.
Puso el ejemplo de la crisis en Grecia (2009-2015), donde “como consecuencia de la implementación de programas de ajuste fiscal y recortes drásticos del gasto público -en particular en salud y protección social-, se registró un aumento persistente de la mortalidad infantil”. Díaz agregó que “la evidencia internacional es clara al atribuir el incremento de las muertes niños y niñas menores de 1 año al empobrecimiento acelerado de los hogares, al incremento de la inseguridad alimentaria, al deterioro de la atención perinatal, a la caída de coberturas de vacunación y controles de salud infantil. Asimismo, se ha demostrado el impacto negativo de las reformas laborales regresivas, como la que está impulsando el Gobierno para ser tratadas en las sesiones extraordinarias por el Congreso de la Nación”.
“En síntesis –concluyó- el aumento de la mortalidad infantil no es un dato más, sino que nos interpela y compromete a asumir una actitud activa que ponga límites a decisiones políticas que vulneran derechos y matan”. El pediatra lo escribió el 2 de febrero, casi un mes antes del discurso en el que Milei aseguró que su prioridad son los niños (con ‘o’, por supuesto).
Niñeces con menos derechos
El mensaje de la prioridad puesta en las infancias tampoco hizo referencia a un sector de la población infantil que sufrió y sufre especialmente las políticas del mileísmo: el de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
Desde el inicio de este gobierno fueron múltiples las familias (especialmente, mamás) que alzaron la voz para defender los derechos de sus hijas e hijos ante el avasallamiento de sus derechos en materia de salud y educación. El recorte de pensiones, la dificultad para el acceso a renovar certificados, el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad y su posterior disolución, la insuficiente actualización del nomenclador que rige el pago a prestadores, entre otros aspectos, se tradujeron en que gran cantidad de chicos y chicas vieran disminuido o impedido su acceso a terapias y tratamientos clave para su desarrollo y bienestar.
La actriz Valentina Bassi, madre de un niño con autismo, fue una de las que se pusieron al hombro la lucha por los derechos de las personas con discapacidad en el último tiempo. “Es un nivel de maltrato que nunca había visto porque no sólo se veta (la Ley de Emergencia, luego defendida en el Congreso pero aún incumplida), sino que se hace con maltrato, riéndose, es muy cruel. También hizo una resolución en donde trataba de ‘idiotas’ a las personas con discapacidad, que la tuvieron que bajar por presión nuestra. Leía la resolución y decía ‘Ah, mi hijo entra en categoría ‘Imbécil’. Para el Estado, mi hijo es un imbécil’ ¿Por qué tanto maltrato?”, se preguntaba en agosto del año pasado.
El desguace de políticas de género durante el gobierno de Milei también se tradujo en desprotección de las infancias. Cuando en mayo del año pasado el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunciaba con tono celebratorio la eliminación de 13 programas del área, implicaba entre otras cosas la derogación del Programa de Apoyo Urgente y Asistencia Integral Inmediata ante Casos de Violencias Extremas por Motivos de Género, que brindaba apoyo económico, asistencia psicológica y asesoramiento jurídico para familias con niñas y niños huérfanos de víctimas de femicidio.
Los ataques contra la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) también se traducen en menos derechos para infancias y adolescencias, en un contexto de aumento de enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, que está alcanzando cifras récord de contagios.
Todo esto, mientras el Gobierno coquetea con una reforma educativa que desentenderá aún más al Estado de su rol como garante de derechos.