El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) presentó un nuevo amicus curiae en el marco de la causa $Libra, a partir de nueva información difundida por el Diario Clarín sobre un presunto acuerdo confidencial celebrado entre el presidente de la Nación, Javier Milei, y el empresario Hayden Davis.
A través del amicus curiae, el CIPCE advierte que, de corroborarse la autenticidad del acuerdo, dicho instrumento constituiría un elemento sustantivamente nuevo que exige profundizar la investigación respecto a la eventual configuración del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Por todo esto, el CIPCE formuló requerimientos formales de acceso a la información pública (Ley 27.275), que configuran líneas de investigación, ante la Procuración del Tesoro de la Nación, la Secretaría Legal y Técnica, la Secretaría General de la Presidencia y la Oficina Anticorrupción.
Las respuestas oficiales brindadas por la Secretaria General de la Presidencia y la Procuración del Tesoro de la Nación llevan a suponer que, el acuerdo difundido por medios de prensa, se habría celebrado a espaldas a la estructura jurídica oficial del Poder Ejecutivo.
De ser así, no estaríamos ante un acuerdo “confidencial” sino oculto, es decir “clandestino”. Esta respuesta no clausura la cuestión, sino que introduce un nuevo elemento de análisis que exige profundizar la pesquisa, a fin de determinar si, efectivamente, el acuerdo existió; bajo qué modalidad fue celebrado y si se evitó deliberadamente su encuadre administrativo.
Desde el inicio de la investigación, el CIPCE viene sosteniendo la urgencia de deslindar la responsabilidad institucional del presidente de la Nación por su eventual involucramiento en un negocio privado. En este sentido, Pedro Biscay, Director Ejecutivo del CIPCE, afirmó: “La necesidad de actuar adoptando decisiones trascendentes desde el punto de vista de la instrucción, lleva a concluir que resulta conveniente convocar al presidente a prestar declaración indagatoria. No hacerlo pone en juego la responsabilidad internacional del Estado al no cumplir con compromisos como el asumido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.
Finalmente, a un año del inicio de la investigación, resulta llamativa la total falta de información pública por parte del Ministerio Público Fiscal. Se desconocen las razones por las cuales la causa no avanzó ni siquiera hacia una primera instancia de indagatoria de las personas investigadas, pese a la existencia de abundante y variado material probatorio.
Estos hechos se dan en el marco de proceso de toma de decisiones en la administración pública nacional y que afectan a toda la sociedad. Por eso, el CIPCE solicita en el amicus curiae una serie de medidas: «Se tenga por ampliada nuestra intervención como amicus curiae; se incorporen a la causa las publicaciones periodísticas referidas; y se incorpore la documentación probatoria acompañada».
Además, pidieron que «se requiera al Ministerio Público Fiscal que adopte de manera urgente medidas probatorias orientadas a obtener respuestas de la Procuración General de la Nación y de la Oficina Anticorrupción; se cite a indagatoria al Presidente de la Nación; y se garantice el avance transparente de la investigación y se informe a la comunidad sobre esos avances».