Cincuenta y un años atrás, un año antes del golpe cívico-militar, la clase obrera argentina dio una muestra de determinación política de la que había carecido hasta ese momento. Durante las jornadas de junio y julio de 1975, huelga general incluida, llevó adelante un planteo de poder: exigió la renuncia del factótum del gobierno de entonces, José López Rega, y un cambio en el rumbo económico de Isabel Perón tras el Rodrigazo.
Pero el planteo de poder no fue acompañado por una lucha por ese poder, que siguió en las mismas manos que lo detentaban. El golpe fue la respuesta al desafío obrero y popular. De allí su violencia y saña: el gobierno militar debía exterminar de raíz a los que habían cuestionado el poder del capital.
De alguna manera, la modificación de la estructura económica del país respondió a ese mismo objetivo, que era sentido como existencial para el conjunto de la patronal. Algunos segmentos de ella, como el industrial, mantuvieron su apoyo sin fisura hasta que resultó inviable, después de la guerra de Malvinas, a pesar de que ese cambio lo había debilitado respecto de otros, como la banca, los seguros, el agro y las empresas con contratos con el Estado, especialmente las energéticas.
En su libro Crisis económicas argentinas, Julián Zícari remarca que «las pautas generales de la dictadura estuvieron marcadas por el revanchismo clasista». Al igual que ahora con el gobierno de Javier Milei, se propuso que el populismo no volviera «nunca más», por lo que encaró la reestructuración económica que permitiera ese objetivo.
Lo que la academia heterodoxa llama «el nuevo patrón de acumulación de capital basado en la valorización financiera» fue, en realidad, la consecuencia del plan que apuntaba a desarmar el poder obrero. Además de su exterminio físico (uno de cada tres desaparecidos era obrero), el plan buscó someterlos por el hambre: por el simple expediente de permitir una suba estrafalaria de los precios y un congelamiento de los salarios, la participación asalariada en el PBI se derrumbó a la mitad, al pasar del 50% en 1974 al 25% en 1977, aunque corresponde aclarar que el Rodrigazo hizo buena parte del trabajo sucio (ver gráfico).
Eduardo Basualdo caracterizó esta caída como «la reducción más profunda del salario real en la historia argentina» en su libro El Banco de la Nación Argentina y la dictadura.
Esta transferencia de ingresos -explicó Basualdo- fue clave porque generó el excedente que permitió la valorización financiera posterior a través del endeudamiento de la economía.
En esa transferencia también tuvo su rol la caída de la participación de la industria en el PBI, que se ve con claridad a partir de 1975.
Dicho de otro modo, la pobreza de los trabajadores y la caída del producto industrial dieron el excedente que, a través del mecanismo de la deuda -y la fuga de capitales- fue a parar a manos de un segmento del capital que hasta ese momento había estado subordinado al régimen previo: el financiero, con fuertes vínculos al capital internacional, en esa época ávido de ingresar a economías como la argentina, consideradas cerradas al capital foráneo.
Para que la deuda (que en sí misma no crea valor) pudiera transformarse en el nuevo combustible de la economía hacía falta imponer la apertura comercial, liberar el flujo de capitales hacia y desde la Argentina, soltar el valor del dólar, asegurar una tasa de interés real positiva y desregular el resto de la economía, todas medidas que en 2026 aplica la administración libertaria.
Esta lógica fue la guía del ministro de Economía, Martínez de Hoz, pero como con Mauricio Macri en 2018, en dos años mostró su inviabilidad por el sobreendeudamiento: se multiplicó por cuatro entre 1976 y 1981, cuando Martínez de Hoz abandonó su cargo. «