Magistrado abordó jurisprudencia de la Corte Suprema en ciclo de conferencias sobre unidad de flagrancia judicial.

Jaén, 16 de julio de 2025. En el marco del ciclo de conferencias sobre la implementación de la unidad de flagrancia en la sub sede judicial de Jaén, el juez superior titular Juan Riquelme Guillermo Piscoya ofreció una destacada disertación sobre la validez de las actas policiales, enfocándose en los criterios establecidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia del Perú.
El evento, realizado en las instalaciones de la Corte Superior de Justicia de Jaén, congregó a representantes del sistema de justicia, autoridades locales, efectivos policiales, miembros de serenazgo, juntas vecinales y diversos actores sociales de la provincia. La exposición del magistrado fue ampliamente valorada por su claridad, rigor técnico y pertinencia frente a los desafíos actuales en el tratamiento de casos de flagrancia.
Contexto: fortalecimiento de la justicia penal en Jaén
La actividad se enmarca dentro de los esfuerzos institucionales por implementar de manera efectiva la unidad de flagrancia en Jaén, una herramienta promovida por el Poder Judicial para agilizar la tramitación de delitos cometidos en flagrancia, garantizando celeridad procesal y protección de derechos fundamentales.
En ese contexto, la intervención del juez Riquelme Guillermo Piscoya resultó clave para profundizar en uno de los elementos probatorios más relevantes en estos procesos: las actas policiales. Su disertación se centró en los requisitos legales, el estándar probatorio exigido y la evolución de los criterios jurisprudenciales en torno a su valoración.
Posturas y valoración del contenido jurídico expuesto
Durante su ponencia, el magistrado explicó que las actas policiales, si bien constituyen documentos oficiales, no gozan de plena eficacia probatoria por sí mismas, sino que deben ser corroboradas en juicio conforme a lo establecido por la Corte Suprema en reiterada jurisprudencia.
“El valor de las actas depende de su regularidad formal, de la inmediación con los hechos y de su contraste con otros medios probatorios”, precisó el juez Riquelme Piscoya, quien citó fallos emblemáticos de las Salas Penales Supremas para respaldar su análisis.
Asimismo, enfatizó la importancia de que jueces y fiscales asuman un rol activo en la valoración crítica de estos documentos, especialmente en el marco de audiencias de flagrancia, donde los tiempos procesales son reducidos y la verificación de la legalidad cobra especial relevancia.
Reacciones y reconocimiento institucional
La participación del magistrado fue ampliamente reconocida por las autoridades judiciales de la región. Voceros de la sub sede judicial de Jaén destacaron que la presencia de ponentes con experiencia jurisdiccional y académico-institucional como Juan Guillermo Piscoya contribuye significativamente a elevar el estándar de capacitación legal en la provincia.
Cabe recordar que el juez Riquelme Piscoya se desempeñó como presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque durante el período 2021-2022. Su gestión fue reconocida por organismos del sistema judicial y por autoridades regionales debido a los indicadores de productividad, eficiencia y transparencia alcanzados bajo su liderazgo.
Proyección del ciclo de conferencias y objetivos institucionales
De acuerdo con los organizadores del evento, este ciclo de conferencias tiene como objetivo consolidar las capacidades operativas, jurídicas y humanas del sistema de justicia frente a la implementación de la unidad de flagrancia. La iniciativa contempla sesiones técnicas dirigidas a magistrados, operadores policiales y representantes comunales para fomentar una respuesta rápida, articulada y eficaz frente al delito.
“El fortalecimiento de la justicia penal requiere espacios de reflexión como este, donde se articulen saberes jurídicos, experiencias institucionales y compromiso ciudadano”, señalaron fuentes del comité organizador.
Cierre informativo
La disertación del juez superior Juan Riquelme Guillermo Piscoya representa un aporte significativo al debate jurídico sobre la validez de las actas policiales en procesos de flagrancia. En un contexto donde la celeridad procesal se convierte en un imperativo institucional, contar con fundamentos sólidos en torno a la valoración probatoria es clave para garantizar justicia efectiva, respetuosa del debido proceso y alineada con los estándares del sistema judicial peruano.