Relatorías Especiales y Grupos de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron a Argentina sobre la violación sistemática de libertades fundamentales y el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos. Las observaciones internacionales parten desde diciembre de 2023, a partir de la implementación del llamado “protocolo antipiquetes” de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
El trabajo de monitoreo y registro de la violencia estatal fue realizado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Ambos organismos de control documentaron la represión durante la protesta social y la criminalización de los manifestantes mediante detenciones arbitrarias.
Medidas regresivas
Cabe destacar que el organismo internacional en su informe señala que la implementación del «protocolo antipiquetes» -establecido por la Resolución 943/2023- y las reformas legales regresivas realizadas por La Libertad Avanza (LLA): afectaron en forma directa los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También lesiona todos los lineamientos en materia de Derechos Humanos.
«Naciones Unidas observó los discursos hostiles emitidos por funcionarios de alto rango institucional en Argentina contra organizaciones de la sociedad civil y personas que organizan movilizaciones pacíficas para reclamar sus derechos», señaló Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo.
Por eso, la ONU solicitó al Estado argentino revisar y adecuar el marco legal del «protocolo antipiquetes». También pidió investigar, identificar y sancionar a los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de los graves delitos de violencia estatal ocurrida durante la protesta social y pacífica.
Cipriano contó. «El informe señala que se ve afectado el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Por ejemplo, la libertad de expresión y de reunirse con fines útiles para el bien común. También lesiona el derecho a no ser detenido arbitrariamente, al debido proceso y la correspondiente independencia judicial».
Los informes en los que se basa la ONU
Naciones Unidas destaca más de sesenta monitoreos realizados durante el 2024 y la continuidad de ese trabajo durante lo que va de 2025 realizados por la CPM y el CNPT. Fue a través de estos organismos que se pudo registrar y documentar en la esfera internacional los terribles hechos de violencia estatal ocurridos durante la protesta social en Argentina.
«Sobre todo remarca -la ONU- las lesiones contra personas que integran los grupos más vulnerables, como ser, los jubilados y niños brutalmente golpeados por personal policial. También las detenciones arbitrarias y señala que todo esto ya había sido documentado en las diez denuncias penales contra las fuerzas de seguridad federales presentadas por nuestro organismo», detalló el secretario ejecutivo.
Legitimando la represión
Cabe destacar que el «protocolo antipiquetes» implicó brutalidad policial en forma desmedida. Resultó así porque sumó a la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). En esta línea, la ONU apuntó que no corresponde la intervención de estas fuerzas en movilizaciones sociales y ciudadanas.
Además, remarcó que tampoco corresponden las detenciones arbitrarias ni el uso permanente de armas, que dejaron cientos de personas heridas, entre ellos niños, periodistas, trabajadores de la salud y defensores de Derechos Humanos que cumplían tareas de control y monitoreo en las movilizaciones.
Cipriano concluyó: «El informe muestra gran preocupación por el hostigamiento del Gobierno Nacional hacia los jueces que intervienen en estas detenciones policiales arbitrarias, es algo inconstitucional que rompe con la división de poderes y su independencia».
Nuevo informe de la CPM
El nuevo informe de la CPM sobre represión estatal durante la protesta social fue presentado este martes por la tarde en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ubicada en Belgrano 2527, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Participó el presidente de la CPM y Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; el vicepresidente Víctor De Gennaro; el secretario ejecutivo Roberto Cipriano García; la directora general Sandra Raggio y el presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Juan Irrazábal.
Se trata de un trabajo que registra y documenta los gravísimos hechos de violencia institucional ocurridos durante el primer semestre de 2025. El material elaborado remarca que durante los que va de este año hubo un aumento exacerbado de personas detenidas y heridas durante la protesta social en comparación con el año pasado.
Podés ver la presentación completa en este link.