El gobierno nacional finge demencia. En pleno desarrollo de la investigación judicial y policial por el supuesto pago de coimas al entorno de Karina Milei, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) adelantó, tras un profuso silencio de varios días, que se inició una auditoría en el organismo con “el objetivo de analizar y relevar los procesos administrativos que se encuentran en funcionamiento”. Mientras, desde el Gobierno anticipan que habrá otros cientos de miles de pensiones que se darán de baja.
A través de un escueto comunicado, la agencia que conducía Diego Spagnuolo informó que “desde su asunción, el doctor Alejandro Vilches definió como una de sus primeras medidas solicitar esta auditoría, convencido de que la transparencia y el orden administrativo son la base para garantizar una gestión eficiente y enfocada en las personas que más lo necesitan”.
“La revisión permitirá contar con un diagnóstico claro sobre la situación actual de la Agencia, para avanzar en la implementación de mejoras que fortalezcan su funcionamiento y aseguren un uso responsable de los recursos públicos”, concluyeron.
Medio millón de pensiones en peligro
El comunicado oficial fue emitido un día después de que el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconociera en el Congreso que el gobierno se apresta a dar de baja a medio millón de pensiones, tal como se lo habían propuesto en las metas del presupuesto de 2025, donde la idea era pasar de 1.266.945 pensiones a 749.451 hacia fin de año.
En su informe, el funcionario admitió que 500.000 personas no fueron fehacientemente notificadas de que debían realizarse ciertos estudios médicos, además de presentar la actualización de documentación ante la ANDIS.
Aparentemente, nunca recibieron la carta documento del organismo, lo cual sería causal suficiente para dar de baja a la pensión de acuerdo al decreto 843/2024 que lleva la firma de Federico Sturzenegger. Es que el gobierno presupone que los beneficiarios no mantienen actualizado su domicilio y deberían hacerlo.
De hecho, según publicó La Política Online, una semana antes de que estalle el escándalo con los primeros audios que involucraría el pago de retornos -por parte de la familia Kovalivker, de la Suizo Argentina-, el director Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS, Eduardo Helio González, sostuvo en la Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) realizada en San Juan el 12 y 13 de agosto, que unas 80.000 pensiones había sido dadas de baja a causa de errores o deficiencias en las notificaciones a los discapacitados en la convocatoria a las auditorías. No se detectaron irregularidades.
En paralelo, en cuanto a la situación judicial, La Libertad Avanza apela a cercar el escándalo alrededor de Spagnuolo, separándolo de los Menem y los Milei. En ese contexto, este miércoles difundieron un avance de una supuesta auditoría del Ministerio de Salud.
Los “datos preliminares” que se difundieron desde la Casa Rosada indicarían la existencia de sobreprecios en la compra de medicamentos calculados en torno del 30%. El ejemplo que se puso sobre la mesa fue el de un medicamento específico, la asparaginasa pegilada del laboratorio Servier, de origen francés. Mientras que la adquisición directa del Ministerio de Salud, en agosto de 2024, habría costado $ 8,27 millones la unidad, la de ANDIS habría tenido un costo de $ 13,5 millones en agosto de 2025, con un aumento del 63%.
El 30% de sobreprecio que está haciendo circular el gobierno por estas horas surgiría de la diferencia entre el aumento del precio del producto y la suba del costo de vida en el año agosto24-agosto 25, que el Indec calculó para el área de salud en el 35,6%.
El dato sugestivo es que el distribuidor del medicamento en ambos casos habría sido la droguería Suizo Argentina. Lo que se intenta instalar desde el gobierno es que con controles y funcionarios probos esa droguería -acusada en los audios de Spagnuolo de cobrar y distribuir las coimas- cobraría los precios correctos, mientras que con funcionarios corruptos los precios se desmadrarían.
En este punto no queda claro qué derrotero prevé el gobierno para Daniel Garbellini, el responsable directo de las compras de los medicamentos para el área de discapacidad y que también fue removido de su cargo.