Denuncian afección de los ecosistemas, la pérdida de derechos humanos y bióticos


Miembros del Foro Ambiental Traslasierra (FAT) denuncian afección de los ecosistemas, la pérdida de derechos humanos y bióticos. Explican que en Córdoba existe una cultura “cluttercore”; es decir, una especie de “desastre organizado”. Y que solo cuentan con la existencia de menos del 3% del bosque nativo.

Cabe destacar que finalizando el 2024 -como máxima expresión extractivista- esta provincia serrana adhirió al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), de la Ley Bases. El Foro viene denunciando hace tiempo el saqueo a los acuíferos por parte de una empresa saudí y la destrucción de los montes con fines inmobiliarios, entre otros delitos ambientales. Tras la adhesión de Córdoba al RIGI, denunciaron al gobernador y otros funcionarios

«Un desastre organizado»

Juan Smith es el abogado del Foro, en diálogo con Tiempo explicó: «La cultura ‘cluttercore’ evoca una especie de ‘desastre organizado’. Es un movimiento que nació hace muchísimos años, en la época victoriana en los países anglosajones, después de la Revolución Industrial».

Y completó. «En aquel momento los hogares acomodados exhibían todas sus posesiones como símbolo de prestigio y poder económico. Hoy, este movimiento, se encuentra asociado a una forma y manera de decoración».

También agregó que el “cluttercore” normativo de la provincia de Córdoba en materia medioambiental resulta un síntoma de la clara vinculación entre el sector de poder que circunstancialmente gobierna la provincia y los sectores concentrados de la economía.

«Incluso, si uno analiza la textualidad de la comunicación oficial, advierte que algo raro está pasando. Recomiendo a tal efecto la lectura de la comunicación oficial titulada: Se fortalecen las facultades de la Policía Ambiental de Córdoba y se crea el Tribunal Administrativo Ambiental«, señaló Smith.

Y denunció. «Donde el Gobierno provincial da las razones de la sanción de la desajustada y horrorosa ley 11.027, en diciembre de 2024, disfrazando tras un título sugestivo la acción concreta de desproteger los ambientes con normas claramente regresivas».

También ahondó en que todas las  Leyes respecto a la cuestión ambiental: se aprobaron en tiempo récord, sin discusión y sin consulta previa que, además, es obligatoria.

Smith apuntó. «En todas estas Leyes se encuentran planteos de Inconstitucionalidad ante el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, cuyos altos costos asumimos los ciudadanos y ciudadanas, defensores ambientales e integrantes de Comunidades Indígenas».

Entre estas normas, está la Ley 10.997 que aprobó lo que se llamó el RIGI a la cordobesa. «Los emprendimientos que utilizarán los vehículos que esta Ley establece, se asientan sobre nuestros ya exhaustos territorios, consumiendo la poca agua que nos queda y afectando también el poco bosque nativo que tenemos», cerró Smith. Córdoba: ambientalistas inician acciones judiciales por el desmonte

Afección a los ecosistemas

Daniel Emmerich es biólogo, docente y miembro del Foro. «Córdoba sigue su derrotero de afectación de los ecosistemas, larga es la lista, menciono algunas cosas no más, que suceden, casi con ‘normalidad’: incendios; desmontes para cambio de uso del suelo por avance de la frontera agropecuaria e inmobiliaria», aseguró a este diario.

También señaló que padecen el descuido de áreas protegidas: «Un caso que está silenciado es el de la reserva hídrica Pampa de Achala, permitiendo actividades de severo impacto sobre ella como motocross y cuatriciclos, entre otros».

Emmerich explicó que lo hacen deteriorando el suelo que demora miles de años en formarse; o el desprecio real que expresan en la promoción y realización de eventos de centenares de personas cuya meta es el cerro Champaquí. Se trata de un lugar considerado sagrado y frágil, que deberían resguardarlo de semejante presión turística y deportiva.

«La tríada dirigencia política-empresarial-judicial, son responsables de semejante desmadre. Pero todo se intenta tapar con lo discursivo, con las escenografías que se montan por las galerías», sostuvo el biólogo.

Continuó. «El gobierno ejecutivo y legislativo cordobesista viven disociados de la realidad. Lo que dicen en palabrerío discursivo lo niegan en las prácticas ecocidas de todas sus políticas y las Leyes que vienen aprobando para los negocios de unos pocos y el mal vivir de la gente y de los ecosistemas que habitamos».

Y completó. «Claro que su adlátere necesario como lo es el TSJ, tiene una grave e histórica responsabilidad si continúa mirando para el lado de la injusticia y la pérdida de derechos humanos y bióticos».

«Otra debiera ser nuestra actitud como cohabitantes de estos territorios. Es urgente volvernos protagonistas del cuidado y el respeto por lo que vive, de reconocernos trama en la trama que es la vida. No puede ser que andemos tan distraídos, indiferentes. Si los negocios y el sinsentido se sigue imponiendo sobre la vida, estamos desahuciados», terminó Emmerich.

Afecciones a la vida humana

Eduardo Maturano, es médico epidemiólogo de la provincia de Córdoba, cuando se le consultó ¿Cómo afecta la salud de las personas contaminar un río, el aire y la tierra?

Respondió: “Transcribo la definición que es bastante ilustrativa. La contaminación es la introducción de un contaminante en un ambiente natural que causa inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema, en el medio físico o en un ser vivo».

Maturano continuó. «En general, las consecuencias de la contaminación se derivan fundamentalmente de la actividad humana. Esto dice mucho, primero porque es un acto realizado por una persona (física o jurídica)». Córdoba: ambientalistas inician acciones judiciales por el desmonte

Segundo, «por el tipo de acto, que por tratarse de un contaminante puede ser caracterizado como culposo o doloso. Y tercero, porque dicho contaminante impacta negativamente en el ecosistema, el medio físico y la vida en su conjunto», agregó el profesional.

Y completó: «Entiendo que esto último es lo más importante por tratarse de un bien protegido: la salud que hace posible una vida plena».

También explicó que en Argentina el derecho a un ambiente sano y a la salud pública son bienes jurídicos protegidos. Y que esto significa que la protección del medio ambiente también protege la salud de las personas.

Por lo tanto, «la contaminación puede ser entendida como una acción delictiva dado que impacta negativamente la salud del ambiente y de los seres humanos. Yendo a lo concreto, el daño a la salud provocado por un contaminante representa el talón de Aquiles de un tipo de actividad humana históricamente sustentada en el intercambio ilimitado de materia y energía con el ambiente», explicó.

«Esto implica el agotamiento del medio, el aumento de la temperatura, el envenenamiento de los cursos de agua, la tierra, la atmósfera, entre otras, que puede generar diversas enfermedades incidentes y prevalentes», concluyó Maturano.



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