Pablo Martínez Carignano, ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), presentó un recurso de amparo para frenar la disolución del organismo decretada por el gobierno nacional el 7 de julio, un día antes del fin de las facultades delegadas que el Congreso le entregó al presidente Javier Milei en 2024. En la presentación judicial, Martínez Carignano argumentó que las facultades delegadas no tenían el alcance para cerrar la ANSV.
Así, en el texto del amparo, el ex titular de la ANSV pidió que declare “la inaplicabilidad de las facultades delegadas por la Ley N.º 27.742” en relación a la Agencia, por «encontrarse dicha entidad excluida del ámbito de aplicación de los artículos 3° y 6° de la norma mencionada, por ser un ente incluido en el inciso c) del artículo 8 de la Ley N.º 24.156, no incluido en la delegación de facultades legislativas».
Asimismo, Martínez Carignano reclamó que “se reconozca que cualquier acto administrativo dirigido a suprimir, fusionar, transformar o intervenir la ANSV carecería de habilitación legal, y por lo tanto resultaría manifiestamente ilegítimo y violatorio de los principios constitucionales de legalidad, división de poderes, reserva de ley y estabilidad del empleo público”.
De esta manera, el especialista en Seguridad Vial y actual consultor internacional en la materia, solicitó que “se declare la inconstitucionalidad del decreto 461/2025 por resultar el mismo contrario a diversas normas constitucionales y convencionales, que se analizarán a lo largo del presente escrito. La presente está dirigida contra el Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Se solicita medida cautelar autónoma de no innovar».
Contra la «motosierra vial»
Cabe recordar que, por medio del decreto 461/2025, semanas atrás el gobierno nacional oficializó la creación de la nueva Agencia de Control del Transporte y confirmó la disolución de tres organismos claves en materia de seguridad vial e infraestructura en las rutas: la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
Uno diez días después del decreto, también por medio de una medida cautelar, la Justicia frenó en principio “por seis meses” el intento del gobierno por liquidar a Vialidad Nacional. El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 a cargo de la jueza Martina Isabel Forns resolvió hacer lugar a la medida no innovar solicitada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina) y de esta forma ordenó al Estado Nacional “abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo derivado del Decreto” 461/2025.
Ahora, con la presentación de Martínez Carignano, se abre una posibilidad de supervivencia también para la ANSV. Por medio de su cuenta en X, Martínez Carignano expresó: “Presenté un recurso de amparo para frenar la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, decretada por el gobierno de Milei en una decisión criminal que costará vidas”.
«La ANSV redujo un 30% las muertes por siniestros viales desde su creación. Coordinó políticas federales con las 23 provincias. Fue reconocida por la OMS y el Banco Mundial. Eliminarla es desmantelar una política pública que salvó miles de vidas”, advirtió.