Aumentan la ansiedad, la depresión, los suicidios y los consumos problemáticos; se reduce el acceso a tratamientos y medicamentos; se desmantelan políticas públicas esenciales; el sistema público colapsa y la cobertura privada se cae. Detrás de los debates cotidianos sobre el dólar, el déficit fiscal, alguna frase del día del presidente replicada por los medios amigos, en la Argentina profunda se están deteriorando a pasos acelerados los enclaves de la sociedad. Y la salud mental es uno de los mayores testimonios, envuelta en una crisis profunda sin salidas a la vista. Un grupo en especial alerta es el de los adolescentes: en territorio bonaerense las internaciones pasaron del 9 al 13% en el último año.
Este martes por la tarde se presenta en Diputados un informe elaborado por 15 provincias, junto a universidades e instituciones del sector, que da cuentra del panorama extremo: el aumento en las internaciones por motivos de salud mental que se proyecta para este año comparado con el año 2019, el año anterior a la pandemia, que históricamente fue el año de mayor acumulado de casos, es del 77%. Y en la consulta ambulatoria comparada con el 2019 es del 134%.
Las 15 jurisdicciones que manifestaron su presencia (la mayoría presencial, un par virtual) son Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Los motivos
Según apuntan, las causas de esta crisis tienen que ver con tres ejes: un aumento global de padecimientos que se expresan en la esfera de la salud mental, que tiene su correlato en una crecida de la demanda; la pandemia y los efectos que dejó en la población mundial y que también se observa en la Argentina; y finalmente el tercer factor local. La situación económica y social de nuestro país, en un contexto donde se experimentan situaciones de altísima vulnerabilidad, que fragilizan la salud y también los cuidados comunitarios, familiares, al tiempo que se desmantelan políticas clave de salud mental.
«Se ve un aumento global de la demanda de atención en forma de ambulatorias, es decir, de consultorios y de urgencias, que en las provincias que presentamos el informe se constatan todas de manera bastante pareja. Y por otro lado está otro indicador que siempre es bastante más alarmante, incluso, que son las internaciones por motivos de salud mental y consumos, que también se ve un incremento regular en todas las provincias sobre las que estuvimos trabajando», remarca Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires.
Y menciona un agravamiento del tipo de situaciones de salud mental que se están atendiendo, tanto a nivel ambulatorio como a internación, de personas que llegan con situaciones más críticas: «Por un aumento también de los consumos problemáticos en cuadros por ahí de salud mental o situaciones de mayor vulnerabilidad de las personas. Hay un aumento importante en edades más tempranas y también la crisis se expresa por la dificultad de dar altas institucionales hospitalarias para la continuidad de cuidados por falta de acceso a la vivienda, por personas que no tienen vivienda y están viviendo en situación de calle, por fragilidad de las redes de sostén afectivo y vinculares que hace que haya menos capacidad de acompañar y cuidar desde las familias, en los entornos afectivos, inclusive en las situaciones de los niños, niñas y adolescentes».
A la situación general se suma la decisión del Estado nacional de correrse del cuidado y contención, mientras impulsa acciones socioeconómicas que aumentan la demanda. «Además del clima social generado por la violencia discursiva, Milei ha tomado medidas concretas que empeoran la situación de acceso a la salud mental, entre ellas: aumento desmedido de las cuotas de prepagas y del precio de los medicamentos (un informe del CELS de fines de 2024 habla de 200.000 personas que dieron de baja su prepaga y que los laboratorios facturaron 361% más que en 2023 a pesar de una caída del 8,5% en las ventas con recetas), cierre de la obra pública (incluyendo la sanitaria), amenaza de eliminación masiva de pensiones de discapacidad, recortes a las provincias (que son las que sostienen la casi totalidad del sistema de atención) y desfinanciamiento de las universidades que forman a los profesionales en grado y posgrado», remarcaba tiempo atrás a este diario Leonardo Gorbacz, psicólogo, diputado nacional (MC) y autor de la Ley de Salud Mental.
En esa línea destructiva, se suma el desmantelamiento del Hospital Laura Bonaparte, referencia a nivel nacional por su trabajo en red y con enfoque de derechos humanos, que además venía transitando un proceso de adecuación a la ley nacional de salud mental: creación de dispositivos comunitarios, fortalecimiento de lo ambulatorio por sobre las internaciones crónicas, interdisciplina e integralidad de la atención sanitaria.
En el inicio de su gestión el gobierno intentó, a través de la ley ómnibus, reformar la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental para eliminar derechos de la ciudadanía ante el sistema de salud y reducir controles en un sistema como el manicomial.
«Si una reforma así prospera, no sólo no va a dar ninguna solución sino que reforzará el poder represivo para que esa sea la respuesta a problemas de salud que el propio Estado está contribuyendo a generar. En lugar de vulnerar aún más los derechos de las personas con padecimientos mentales tenemos que invertir más en salud pública, controlar mejor la salud privada, garantizar la rápida y eficaz atención de las crisis y la continuidad de atención a las personas y sus familias sin recurrir al abandono (ni en la calle ni en las instituciones). Claro que todo eso supone no destruir el Estado desde adentro como un topo. También debemos reducir los factores de estrés que genera todos los días el gobierno con su prédica y sus medidas de ajuste», acotó Gorbacz.
Y completó: «No es cerrando hospitales ni cambiando una ley de salud y derechos humanos para convertirla en una herramienta de exclusión social como vamos a mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo».
La situación en la Provincia de Buenos Aires
Un informe publicado en las últimas horas por la Fundación Soberanía Sanitaria da cuenta de la crisis en salud mental en 11 provincias y el incremento sostenido en la demanda de atención en el sistema público. Entre los factores que explican esta situación, destaca las dificultades que enfrenta la población con cobertura en salud a través de obras sociales y medicina prepaga.
«A raíz de la actual crisis económico-social, muchas personas no pueden afrontar los gastos asociados a copagos ni acceder a medicamentos con descuento. A esto se suman las demoras significativas —que en algunos casos alcanzan varios meses— en la asignación de turnos, así como las múltiples barreras que dificultan el acceso a internaciones por motivos de salud mental, especialmente en los casos relacionados con consumos problemáticos. Como consecuencia, se ha registrado un incremento en la demanda de atención en el sistema público de salud, estimado en un porcentaje superior al 12%», subrayan.
Un Informe de la SEDRONAR señala que en la población entre 16 y 75 años de ámbitos urbanos aumentó el consumo de psicofármacos. Resalta que creció el uso de tranquilizantes (benzodiacepinas, principalmente clonazepam y alprazolam); el 60 % del consumo correspondió a clonazepam y el 30 % a alprazolam. El 71,1 % de los consumidores informó seguir las dosis y duración recomendadas; mientras que un 16 % usó menos dosis y un 6,5 % utilizó más tiempo del indicado.
El informe aporta detalles de la Provincia de Buenos Aires. Allí las internaciones por motivos de salud mental en hospitales generales pasaron de 28.451 en 2019 a 45.785 en 2024. Y en particular, en el caso de niños, niñas y adolescentes pasaron del 9% del
total de internaciones en 2023 al 13% en 2024, «lo que estaría dando cuenta de profundas crisis vitales en esa población».
«En la provincia de Buenos Aires, el retiro, abandono del Estado Nacional en materia de salud mental fue absoluto. Discontinuó el remediar salud mental, que era una iniciativa de provisión de psicofármacos para primer nivel de atención. Discontinuó la DADSE, que la conocemos por la entrega de medicamentos oncológicos, pero que también entregaba 3.500 bonaerenses medicación en salud mental, la Provincia tuvo que salir a afrontar la compra y el suministro de medicamentos para todos los bonaerenses», denuncia Julieta Calmels.
Y sigue enumerando: «Abandonó obras públicas muy importantes, las Casa Joven de la Sedronar las abandonó todas, algunas con obras iniciadas incluso bastante avanzadas, el desarrollo del segundo Procrear más grande en la provincia de Buenos Aires en el predio del hospital Esteves, un hospital neuropsiquiátrico en un proyecto de un barrio que iba a incluir una importante cantidad de viviendas para la externación de personas que quedaron viviendo crónicamente en los manicomios y para lo cual el hospital cedió 6 hectáreas; la construcción de un centro de día para el hospital San Martín de la Plata de dos casas de externación en el municipio de Berisso y un abandono general del conjunto de políticas que la Nación había iniciado y que abandonó». Este abandono se refleja en los números: según informó, el retiro en Salud Mental del Estado nacional en PBA asciende a 55 mil millones de pesos. Integran los 230 mil millones que Nación le debe a la Provincia en el ítem Salud, y que es parte de los 12,1 billones que le adeuda a la Provincia en total.