Bajo la bandera del «déficit fiscal no se negocia», el Gobierno justifica los recortes en áreas sociales críticas como jubilados, personas con discapacidad, ciencia, salud y educación (mientras al mismo tiempo baja retenciones o mantiene subsidios a fintech como Mercado Libre). Sin embargo, en el conflicto universitario ni siquiera pueden esgrimir ese argumento: el proyecto de ley de financiamiento que este miércoles está tratando Diputados no propone mayor gasto al Estado, sino reasignar partidas. Aún así, el Ejecutivo planea vetarlo si se aprueba y ya se anunciaron paros para la semana que viene.
El conflicto universitario vuelve a emerger, al igual que el año pasado, de nuevo frente a los recortes oficiales. Entre el 90 y el 95% del presupuesto va destinado a sueldos (cuyos recibos, antigüedades y aportes del personal es enviado cada mes a Educación, por lo que no esquiva ninguna auditoría). Un trabajador o trabajadora docente y nodocente debería recibir, en agosto de 2025 un 44% de aumento para estar en los niveles salariales de noviembre de 2023.
La crisis también se ve en alumnos que no pueden asistir por no poder comprar el pasaje en colectivo, otros a los que les quitaron las becas, dejaron de hacerse actividades de extensión o cayeron los servicios de comedor; y tambien en el mantenimiento de todos los equipos y la infraestructura que hace a la más elemental vida universitaria: se hace difícil o imposible renovar servidores, actualizar laboratorios informáticos para los estudiantes, instalar equipos que tenían comprados o mantenerlos.
En ese contexto, a principios de junio, con el acompañamiento de autoridades, estudiantes y trabajadores, se presentó en el Congreso el nuevo proyecto legislativo para garantizar el financiamiento de la educación universitaria. Tras el veto realizado por Javier Milei en 2024, la comunidad volvió a la carga con el nuevo documento que este miércoles trata Diputados y que busca recomponer los salarios, actualizar los gastos de funcionamiento y ampliar el monto y la cantidad de becas. Además, crea un fondo destinado a carreras estratégicas vinculadas a la aplicación de la inteligencia artificial y el desarrollo de Argentina.
El financiamiento universitario
El proyecto que busca ser ley estipula un crecimiento en la inversión del PBI para el sector hasta alcanzar el 1,5 por ciento en 2031. A tono con el discurso oficialista, no representa un “gasto extra”, sino que se sustenta con fondos de coparticipación federal (dinero que proviene de impuestos) y que le corresponden a la Nación. Por lo tanto, no afecta las cuentas del Estado ni el equilibrio fiscal.
“Se trata de insistir, pero ahora con el aporte fundamental de explicar qué recursos se pueden utilizar. En este sentido, el argumento del veto anterior a la Ley fue que no se explicitaba cómo se iba a financiar. Esto no genera déficit fiscal en lo más mínimo y no se crean más impuestos, sino que la propuesta es reasignar partidas del Estado”, afirmó Alfredo Alfonso, rector de la Universidad Nacional de Quilmes, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ.
Y agregó: “Se trata de un proyecto para financiar el futuro de la formación en Argentina, con toda la complejidad y diversidad que implica. Asimismo, este nuevo proyecto prevé un incremento de los valores del PBI hasta alcanzar el 1,5 por ciento en 2031. Es un documento muy consciente y muy serio”.
🗣️ «El segundo cuatrimestre en las universidades nacionales corre peligro: lo vamos a reiterar porque lo que está en juego es el funcionamiento de un sistema al que asisten más de 2,5 millones de estudiantes». https://t.co/2dg4MuwMF2
— CIN (@CINoficial) July 9, 2025
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ya advirtieron que peligra el normal funcionamiento de las universidades en el segundo cuatrimestre. Y sostienen que hay plata, el tema son las prioridades. El Gobierno durante el año pasado redujo la recaudación de uno de los pocos impuestos progresivos, el de los Bienes Personales, en alrededor de 0,4% o 0,6% del PBI. Chile recauda en impuestos a las ganancias corrientes de las personas y las empresas alrededor de 7% del PBI mientras nuestro país apenas 5%. La tributación de los inmuebles rurales que hoy están exentos del pago de Bienes Personales podrían significar otros 0,4% del Producto. Y el financiamiento universitario es sensiblemente menor a lo que el Estado dejará de recaudar por bajar las retenciones.
Otras leyes como la de Emergencia en Discapacidad tampoco sustentan mayor gasto. El impacto fiscal en discapacidad es de entre 0,28 y 0,51% del PBI, mientras que el impacto fiscal de bajar Bienes personales (impuesto a quienes más tienen) es del 0,45% del PBI.
Recibir menos del 50% que en 2023
El proyecto de ley tiene el apoyo de todo el arco universitario. El rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, explicó que consta de tres ejes: la primera parte que se trata en el Congreso tiene que ver con las actualizaciones de las partidas para salarios, gastos de funcionamiento, inversión en ciencia y tecnología y becas para estudiantes: «Prevé una actualización en función de lo que ha sido la inflación desde el último presupuesto aprobado, en 2023, hasta la fecha”.
“Cuando se presentó, no se sabía cuándo se iba a tratar y hay una situación de llegar a fin de año, no solo que termine con una actualización a una fecha, sino que esa actualización se mantenga de acuerdo a los índices de inflación que sigan a lo largo del año, que es la segunda parte” del proyecto.
Foto: Edgardo Gómez
“Y la tercera parte, que es la que no quedó en el dictamen de mayoría, que era que a partir del año próximo hubiera una forma automática en la cual, a medida que ingrese la recaudación al Estado, esa recaudación se girara a Educación, manteniendo los porcentajes asignados por presupuesto. Y eso no logró la mayoría necesaria para quedar en el dictamen”, aclaró el rector.
La caída de los recursos para educación superior impactó en todas las universidades: “Si nosotros pusiéramos que, a través de la ley de presupuesto del año 2023, cuando empezó ese presupuesto estábamos en un valor de 100, después nos fuimos quedando muy atrás en las actualizaciones –añadió Mammarella–; hoy estábamos recibiendo, a valor de lo que valía la moneda en ese momento, más o menos un 40 o un 50%”.
El proyecto universitario
Más allá de lo relativo al presupuesto, el nuevo proyecto establece como objetivos afianzar el ingreso, la permanencia y culminación de los estudiantes. Al mismo tiempo, se propone ampliar la oferta de carreras, fortalecer los vínculos entre las universidades y sus comunidades a través de la extensión, consolidar la investigación y asegurar la infraestructura de las Casas de Altos Estudios.
Entrevistado por Tiempo, Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento e investigador, alertó por la dramática situación que están atravesando: “El presidente ha hablado de la destrucción del Estado, pero yo creo que tiene un odio especial con la universidad pública. En términos económicos y financieros la situación en las universidades es crítica, te diría límite. El dato que me parece que más sintetiza la gravedad del asunto es el que muestra que, en el año 2024, Argentina terminó con un gasto público para la educación superior apenas por encima del 0,5% del Producto Bruto Interno«.
«Si mirás los últimos datos disponibles de la Red Iberoamericana de Indicadores de la Educación Superior, vas a encontrar que es el dato más bajo de gasto público en educación superior para un país de América Latina. Y vas a encontrar también que Argentina tiene la tasa de matriculación más alta de la región. Con el agravante de que Argentina es, junto a Cuba y Uruguay, de los países donde más peso tienen las universidades públicas a la hora de explicar esa matriculación. Así, entonces, vos tenés países, como Chile, con una tasa de matriculación menor, con ocho de cada diez estudiantes en universidades privadas, donde, no obstante, el Estado gasta en educación superior el equivalente a alrededor de 0.9% del PBI. Casi el doble que nosotros con un sistema público infinitamente menor. Es como si desconocieran absolutamente los datos más elementales del asunto, tuvieran alguna dificultad cognitiva o estuvieran suponiendo que sus interlocutores son idiotas«, añadió.
Pinazo resalta cómo todo se trata de qué priorizar: el presupuesto vigente para 2025 de extensión universitaria, ciencia y técnica en las universidades es de 13 mil millones de pesos. «Eso es contando no sólo el presupuesto de la Secretaría de Educación, sino fuentes presupuestarias que vienen de créditos internacionales, es decir que no salen de impuestos domésticos. La Secretaría de Comunicación y Medios de la Nación, que dirige el vocero presidencial Manuel Adorni, tiene un presupuesto vigente de 27 mil millones para el mismo año. Creció más de 11 veces entre 2024 y 2025. Estamos hablando de una Secretaría con 265 empleados, contra un sistema que tiene 250 mil trabajadores».
Un informe de la propia Universidad Nacional de Quilmes advierte que uno de cada cuatro trabajadores de la institución está por debajo de la línea de pobreza. A su vez, el presupuesto universitario pasó del 0,72 por ciento del PBI en 2023 a un estimado de 0,43 por ciento para este año. Los fondos para las becas disminuyeron casi un 75 por ciento en comparación a 2023, las obras que estaban anunciadas o que habían comenzado están paralizadas y no hay dinero para investigación y extensión universitaria.
Desde fines de 2023 la Universidad Nacional de General Sarmiento tiene frenada una obra para crear un edificio de laboratorios de 2400 metros cuadrados, que está terminada en un 95% y no pueden concretar porque la Secretaría de Educación no ejecuta el presupuesto en infraestructura.
«Ahí tenemos para instalar un equipo analizador termogravimétrico acoplado a un equipo de cromatografía de gases con espectrómetro de masas que es uno de los pocos que hay en el país, y no lo podemos hacer porque supuestamente no hay plata –completó–. Pero resulta que para 200 tuiteros, que no saben usar puntos ni comas, que no distinguen sujeto y predicado, y cuya única virtud es la obsecuencia y la falta de dignidad, hay un montón. 1100% de aumento presupuestario en un año, más de diez veces el presupuesto de infraestructura universitaria, para un grupito de tuiteros de alfabetización dudosa».
Menos presupuesto para educación
Según un informe basado en datos oficiales, la inversión educativa nacional –compuesta por la Función Educación, la Secretaría de Educación y las Universidades Nacionales– «proyecta para el año en curso una baja de entre 45 y 57 puntos en comparación al 2023». Mientras, al no haberse presentado un presupuesto nacional para 2025, sigue con el de 2024 (que ya era una continuación del anterior) y los aportes discrecionales del Ejecutivo.
Se trata de un trabajo realizado por el grupo Economía Política Ciencia (EPC) del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), en el que también destacan otros números alarmantes: el presupuesto de los principales organismos científicos descendió hasta un 33% desde que asumió el nuevo gobierno hace un año y medio.