Espero cuarenta minutos sentada entre paredes blancas. Al lado están mi mamá, mi psicóloga y mi hermana mayor, que me acompañan para que no me asuste tanto. Entrar a la sala de entrevistas me saca el hambre, me quita el aire y me enrolla un nudo en el pecho.
“Te van a hacer dibujar y algunas preguntas nada más”, me dicen. Pero yo ya estuve ahí adentro, y sé que no se trata solo de dibujar y responder preguntas simples. Cuando entre van a querer probar que miento, que mi mamá miente. Porque es más fácil pensar que una mujer y una niña inventan, que aceptar que los papás abusan.
Las infancias, los abusos y las denuncias
Según los últimos datos de UNICEF (2024), 90 millones de niños y niñas han sufrido episodios de violencia sexual. Además, aproximadamente 1 de cada 4 vive en un hogar donde la madre ha sido víctima de violencia por parte de su pareja o expareja. En cuanto a las denuncias, no hay estudios significativos realizados en nuestro país. El dato está en una estadística planteada por Carlos Rozanski (2009), ex juez de Cámara Federal, que establece que se denuncia menos del 10% de los abusos sexuales en la infancia: de cada 1000 abusos denunciados, se esclarece uno. Los otros 999 quedan impunes.
En pleno año electoral, y en un contexto de desmantelamiento de políticas comunitarias y de retirada del Estado como garante de derechos, sectores de extrema derecha de La Libertad Avanza impulsan un proyecto de ley que agrava las penas por denuncias falsas —hasta seis años de prisión— en causas relacionadas con violencia de género y violencia sexual hacia niños y niñas.
Leer las noticias me angustia todos los días, pero hay algunas que me atraviesan de lleno. Esta es una de ellas. Si esta ley avanza, significará que sean aún menos las denuncias sobre casos de violencia sexual contra las niñeces, promoviendo que el silenciamiento crezca, y con él los abusos.
Que la discusión sobre una ley así cuente con el espacio mediático que está teniendo, refleja el desconocimiento sobre una problemática marcada por el tabú, la complicidad social, familiar y estatal. Los delitos contra la integridad sexual tienen una característica única: arrojan la culpa y la vergüenza sobre las víctimas. Las convierten en sospechosas, y no así a los victimarios.
Del trauma individual a la acción colectiva
A los 12 años tuve que escaparme de mi casa en Abasto, zona rural de La Plata, porque el juez Hugo Rondina dictaminó que debía restablecer el contacto con mi progenitor, acusado de haber abusado sexualmente de mi hermana mayor.
Unos meses después, ya viviendo en la Ciudad de Buenos Aires, el Juzgado Nacional en lo Civil N°86 dictó, con las mismas pruebas, una perimetral que le prohibía a mi progenitor acercarse a mi mamá y a mí a menos de 200 metros.
Escaparme de mi casa, dejar morir a mis mascotas, no poder ver a mis amigos por meses… Todo eso se tradujo en síntomas que tardaron años en cesar. Cuando finalmente lo hicieron, y ya siendo mayor de edad, decidí hacer pública mi historia, con la esperanza de que mi testimonio pudiera servirle a otros niños y niñas que estuvieran atravesando algo similar. Porque siempre los hay. Porque es más fácil pensar que un niño inventa que aceptar que los papás abusan.
Poder decir
En 2024 me recibí de Licenciada en Comunicación en la Universidad de Buenos Aires (UBA), con la tesina “Poder decir: un análisis crítico del adultocentrismo en la judicialización de abusos intrafamiliares en el AMBA”, que indagó en la dificultad social —y adulta— para creerle a los niños. El informe comienza así:
“Según el último relevamiento de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, hay 13,2 millones de niños y adolescentes en Argentina, de los cuales casi 6 millones están en el AMBA. De ese total, la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (2019-2020) de UNICEF Argentina (2021) indica que el 59% de ellos, entre sus 1 y 14 años, experimentó prácticas violentas de crianza, el 42% castigo físico y el 51,7% agresión psicológica. Contemplando que los abusos intrafamiliares contra niños, niñas y adolescentes (violencias físicas, psicológicas, sexuales o verbales) son difíciles de visibilizar y cuantificar, estos números están sesgados […] Estas estadísticas dan cuenta de que este no es un problema de pocos, sino escasamente relevado.”
Con estas cifras alarmantes, y con el testimonio de tantos sobrevivientes, una ley como la que se busca promulgar no viene a dar soluciones, sino a convertir en un infierno lo que ya es una tortura.
No se puede legislar con la excepción
“En 12 años de trabajo cotidiano atendiendo a víctimas, sobrevivientes y adultos protectores, ni una vez nos llegó una denuncia falsa. Pero todos los días nos llegan mamás, en menor medida papás, abuelos desesperados por defender a niños de sus agresores y de la justicia que descree del testimonio del niño”, sostiene Sebastián Cuattromo, presidente de la Asociación Civil Adultxs por los Derechos de la Infancia.
Esto no significa negar la existencia de denuncias falsas. Pero son excepcionales frente a la magnitud de los abusos impunes contra las infancias.
En este contexto, un juez especialista en derecho de infancia me dijo: “No se puede legislar con la excepción”.
No se debe. Y ojalá no se pueda.
Aunque siempre sea más fácil pensar que un niño inventa que aceptar que los papás abusan.
Es más fácil pensar que un niño inventa
Cuando entro a la sala de entrevista, hay dos psicólogas del otro lado del escritorio. Una está embarazada. Ella me pregunta si quiero ver a mi papá. Le digo que no. Que él me da miedo. Me vuelve a insistir. Me dice que él está afuera y que puede hacerlo entrar para que me cuente su versión de la historia. Le repito que no quiero verlo.
Afuera, que estaba toda mi barrabrava de mujeres, se escucha barullo.
Cuando salgo, me reciben ellas, con un abrazo.
Les pregunto qué fue ese ruido. Me dicen que estaba mi progenitor, que no debían citarlo al mismo horario.
Y yo pienso: claro, si es más fácil pensar que un niño inventa, que aceptar que los papás abusan.
*Jazmín Piceda Stolfini, Lic. en Comunicación (UBA), es sobreviviente de violencia judicial en la niñez, miembro de la Asociación Civil Adultxs por los Derechos de la Infancia y coproductora del documental “Poder Decir”.