Como parte de la estrategia electoral, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri y sus funcionarios apuntan una vez más contra los más humildes. En las últimas semanas ordenaron el desalojo de un comedor popular y de una cooperativa cartonera, anunciaron multas para quienes buscan en la basura y desfinanciaron el servicio de traslado para recicladores urbanos. La exclusión y crueldad como política central, y que pague el que menos tiene.
Para Jorge Macri limpiar la Ciudad no significa mejorar el servicio de recolección de residuos, en un distrito con cada vez más problemas de acumulación de basura, sino eliminar de la vista a los sectores populares. Ya en 2023, en plena campaña, sostuvo que los cajeros automáticos se habían “transformado en monoambientes” y dio a entender que quienes dormían ahí lo hacían por placer o sencillamente para molestar. Continuó en 2024 con un video del antes y después de los operativos especiales de limpieza, donde la diferencia principal era que habían sacado a las personas en situación de calle.
El 23 de julio volvió a la carga con el anuncio de que dejaría de financiar el traslado de los “cartoneros de cooperativas vinculadas a Juan Grabois” que llegaban todos los días desde distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires para trabajar en CABA. Son 3100 recicladores organizados que utilizaban este servicio y que ahora deberán destinar el 20% de sus ingresos al transporte. “Estamos desarmando un sistema que, lejos de dar soluciones, se volvió parte del problema”, publicó Macri en X.
Nicolás Caropresi es dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE – UTEP) y no está de acuerdo. “Esta política viene funcionando. Tuvo sus altos y su bajos, sus tensiones, se fue modificando y mejorando año tras año”, explica a Tiempo. Y agrega que Juan Grabois fue parte del proceso de organización del sistema de reciclado con inclusión social a partir del 2001, pero hace años que no está vinculado con las cooperativas: “Hay una intencionalidad política de subir al ring a Grabois en el marco de la discusión electoral”.
Como si fuera poco, el jueves 31 de julio la Policía de la Ciudad irrumpió en el centro cultural que el Movimiento Popular La Dignidad tiene en la calle Bonpland, donde funciona un espacio de talleres y un comedor que alimenta a 150 personas tres veces a la semana. Desde la organización denuncian que las fuerzas de seguridad no sólo se llevaron mercadería y material de trabajo, sino que el procedimiento se hizo sin testigos ni actas.
Camilo Levin, integrante del espacio Bonpland, reflexiona: “La avanzada contra los sectores populares está en su fase definitiva, porque llegan las elecciones. Además, Bonpland es una mina de oro para cualquier empresario gastronómico y a Jorge Macri le viene bien para negociar”. Desde La Dignidad buscarán pedir una medida cautelar para exigir la restitución del inmueble, de los materiales que se llevaron y, sobre todo, de las raciones de comida.
Algo similar ocurrió en el predio ferroviario de Villa del Parque, conocido como La Lechería. El martes 5 de agosto, mientras se realizaba una manifestación cartonera en Parque Lezama, la policía porteña desalojó a los recicladores.
Para concluir el combo de medidas contra las clases populares, Jorge Macri publicó un video en el que dos oficiales requisan a unos jóvenes por estar revolviendo contenedores de basura. “Di la orden al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad que, si encuentran a alguna persona o grupo de personas removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato”, escribió. Su vocera Laura Alonso agregó: “Hasta $ 900 mil de multa si te gusta hurgar la basura en la Ciudad. Se terminó la impunidad para los ‘recicladores’. El que ensucia, limpia o paga”.
“A nadie le gusta revolver la basura, lo hacen por necesidad”, responde Maria Sol Lacava, coordinadora del colectivo Hambre Nos de Barrios de Pie. Se trata de una multa a la pobreza, porque “la basura es donde la gente va a buscar el mango ahora que no hay trabajo”.
“Nos parece perverso, porque le están arruinando la vida a gente que va a revolver la basura para comer. En los años anteriores revolvían la basura para sacar cartón, para sacar una lata, para sacar una botella. Ahora lo hacen para comer”, aporta Caropresi. El dirigente del MTE entiende que esta violencia es una estrategia política similares a la de otros pares como el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro: “Como si mostrar que son severos con la gente en situación de calle, con el vendedor ambulante, con el cartonero, fuera un capital político que atrae votos. Quizás quieren disputarle la crueldad a Milei y Bullrich”. En ninguna de las medidas anunciadas, Macri mencionó alguna propuesta para que esas personas pudieran salir de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. «
La calle no es un lugar para vivir
El Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle en CABA registró un aumento del 64%
en relación al Segundo Censo Popular del 2019. En ese momento, las organizaciones habían contabilizado 7251 personas en esta situación.
En el 2025 ya murieron 63 personas que se encontraban viviendo en la calle, 13 de ellas en la Ciudad. La información proviene del relevamiento de la Asamblea Popular de Personas en Situación de Calle.
“La falta de políticas para abordar estos problemas de forma integral pone a las personas que no eligen vivir en la calle, pero que están allí por un entramado de abandonos y precariedad, en situaciones cada vez más críticas y con muy pocas expectativas de que eso cambie”, manifestaron en un comunicado desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).