El flyer de campaña de La Libertad Avanza en La Plata muestra a Javier Milei y sus candidatos posando con armas de fuego, en una postal inspirada en la película Los Indestructibles. El mensaje dista de ser ficción: el Gobierno Nacional viene tomando medidas que facilitan y favorecen el acceso a armas de fuego, tal como advierte la Red Argentina para el Desarme (RAD). Desde ese espacio lanzan una campaña ciudadana para defender un consenso contra la violencia que tomó años construir: “Más armas, más muertes: un retroceso que Argentina no puede permitirse”.
“El Gobierno Nacional está demostrando que su promesa de campaña –desde que Milei se candidateaba para diputado nacional y que luego sostuvo previo a la asunción presidencial- de la libre portación de armas de fuego se está materializando. Medida por medida a lo largo de los últimos meses nos están conduciendo a garantizar la promesa de la libre portación de armas de fuego en manos de la sociedad civil”, alerta Aldana Romano, referenta de la RAD y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
📢 Más armas, más muertes: un retroceso que Argentina no puede permitirse
La Red Argentina para el Desarme alerta que el Decreto 445/2025, que reemplaza a la ANMAC por el antiguo RENAR, desmantela años de avances en políticas de control y prevención de la violencia armada. pic.twitter.com/jAq1nuLqxP
— INECIP (@INECIP) August 18, 2025
La Red difundió un comunicado para advertir que el Decreto 445/2025, que reemplaza a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) por el antiguo RENAR, “desmantela años de avances en políticas de control y prevención de la violencia armada. La medida reduce el organismo a tareas registrales, flexibiliza trámites, baja la edad mínima para acceder a armas y habilita semiautomáticas para civiles”.
“Una sociedad armada no es más segura, sino más peligrosa: esta flexibilización pone en riesgo vidas, especialmente de mujeres y jóvenes. Casi el 25% de los femicidios en Argentina se cometen con armas de fuego, muchas de ellas legales, lo que demuestra que facilitar su acceso incrementa la violencia y no la reduce”, señala la convocatoria a la campaña ciudadana que se lanzará este jueves 21 junto al mural que recuerda a Alfredo Marcenac, asesinado allí en 2006 (en Avenida Cabildo 1700) por el “tirador de Belgrano”, quien utilizando un arma de fuego autorizada por el Estado disparó abiertamente en la vía pública.
Adrián Marcenac y Mónica Bouyssede, padre y madre de la víctima, se convirtieron en un luchadores por las políticas de desarme que hoy se están desmantelando.
Un retroceso
“Este camino es un retroceso. En 2015 se logró, después de mucho trabajo de generar consensos con distintos sectores, que la política comprendiera la necesidad de que Argentina contara con un organismo con capacidad para diseñar y ejecutar una política de control de la portación de armas de fuego. Lo que está buscando y haciendo el Gobierno Nacional es romper este organismo, desestructurarlo por completo”, cuestiona Romano en diálogo con Tiempo.
La Agencia, desmantelada mediante un decreto justo antes del cese de las facultades delegadas para Milei, “permitía diseñar una estrategia de control de las armas de fuego y destruir la circulación de las armas entregadas en el marco del Programa Nacional de Entrega Voluntaria o decomisadas en el marco de procesos judiciales”. La eliminación del organismo implica también “eliminar todas las acciones propias de una política de prevención de la violencia con armas de fuego. El Estado nos está diciendo que está dispuesto a tener un mero registro. Que va a registrar armas como se registran los autos. Que quien quiera poder portar va a poder acceder”.
La consecuencia de todo esto es “incrementar el mercado ilegal de armas de fuego. Tratamos desde hace muchos años de explicar que toda arma ilegal nació siendo legal, a diferencia de otros mercados ilegales. Lo que está haciendo el Gobierno Nacional, y por eso es un retroceso, es perder la capacidad para controlar los desvíos del mercado legal de armas hacia el ilegal”.
Algo que, por supuesto, “colabora enormemente con que las grandes organizaciones criminales puedan hacerse más fácil que en otros momentos de armamento, y además no puede garantizar a las y los ciudadanos el control del uso y las condiciones de las personas que el Estado considera que pueden portar armas”.
Una idea vetusta
“En vez de avanzar y modernizarnos con capacidades estatales indispensables para los nuevos conflictos, el Gobierno decide retroceder más de medio siglo y llevarnos a un registro con nula capacidad de control”, critica Romano sobre la vuelta al Registro Nacional de Armas (RENAR), creado por el Decreto Ley Nº 20.429, sancionado en 1973, durante el último período del gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse.
“La idea del registro es vetusta. Viene del 73, cuando no entendíamos como país la necesidad de contar con un organismo con capacidad de controlar al mercado de las armas y solamente estaba subordinado al registro, con una lógica muy militarizada y muy propia de la época”, repasa.
Según la especialista, las estadísticas a nivel mundial reflejan que en situaciones de robo “de cada 10 casos en los que una persona trata de defenderse con un arma de fuego, 9 terminan mal para la persona que quiso defenderse”. Apunta además que, durante el Programa Voluntario de Entrega de Armas, una encuesta preguntaba el motivo por el que habían adquirido el arma y la razón por la que se desprendían de ella: ambas respuestas tenían que ver con la seguridad. “El mensaje social de que el arma lejos de ser sinónimo de protección es un riesgo había logrado capilarizar en la sociedad, gracias al desarrollo de un sinfín de políticas públicas, debates desde universidades, organizaciones sociales, medios”.
En materia de estadísticas también comparó la tasa de muertes por armas en Estados Unidos –país emblema de la libre portación- con la de otros países desarrollados: “según datos de 2019, en Estados Unidos la tasa era de cuatro muertes cada 100 mil habitantes. Esto es 18 veces más la tasa promedio de otros países desarrollados. Las consecuencias de la proliferación del uso de armas de fuego están a la vista”.
En relación a los casos de violencia de género, Romano alerta que “el 99% de los usuarios de armas de fuego en el país son hombres, y 1 de cada 4 femicidios se comete con armas. Se usa el arma casi como un elemento fálico que permite extender la dominación”.
Pese a las evidencias, la gestión de Milei apunta en sentido contrario y lo celebra. Su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, festejó a través de su cuenta de X que las personas puedan tener armas desde los 18 años, cuando antes la edad mínima era 21. “Celebramos que los ciudadanos de bien puedan acceder a las armas siendo Legítimos Usuarios”, posteó.
Sin aval
“Creemos que la sociedad en distintas oportunidades hizo saber que no está de acuerdo con la libre portación. Encuesta tras encuesta lo sigue ratificando. Pero sí creemos que hay que generar conciencia de que las medidas que está tomando el Gobierno Nacional van en esta dirección”, insiste Romano. “No es que de la noche a la mañana nos vamos a despertar pudiendo comprar armas en el kiosco. Pero están orientando las medidas que se van tomando para colaborar con llegar a ese fin último”, advierte.
“Las armas de fuego no son elementos que queramos incorporar a la manera en que sociabilizamos. Creemos que la sociedad argentina pide mayor seguridad, no armarse. Ahora se trata de reorganizarnos y volver a poner estos temas que pensábamos que estaban muy condensados de nuevo en discusión”, dice.
Además del lanzamiento de la campaña ciudadana, se presentó junto a otras organizaciones una nota ante la Cámara de Diputados para solicitar a los legisladores que rechacen el decreto que derogó las funciones de la ANMaC.