Lamentablemente “retornan” las mismas prácticas de los años ’90 donde los ex combatientes sufrimos un sistema de corrupción que dilapidaba los recursos destinados a políticas públicas de protección y reconocimiento a los ex soldados y su grupo familiar.
Se trata de una población vulnerable que necesita prestaciones adecuadas a ciertas patologías características del sector, secuelas físicas y psicológicas, producto de haber atravesado un conflicto bélico.
Un historial de robos
En la gestión del memorable Víctor Adrián Alderete se robaban 800 mil pesos–dólares por mes con la modalidad de las gerenciadoras (COFESA) donde 100 mil pesos–dólares se llevaba la “Federación Nacional de Veteranos de Guerra”: decían ser la representación gremial de los Ex Combatientes. En el gobierno de Mauricio Macri volvieron: durante la gestión de la contadora Soledad Zandona, como responsable del área de Veteranos de Guerra de PAMI, se activaron los “entuertos” para hacer caja con los fondos destinados a los Ex Combatientes.
Con Milei, Villarruel y el Dr. Esteban Leguizamo como director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), muy conocedor de armar transas mientras fue responsable de la UGL 6 CABA, aparecieron nuevamente los negocios con otros “sellos de goma”. Lamentablemente la historia se repite y tenemos que enfrentarnos a los mismos actores de viejas épocas que reaparecieron a partir del 2024.
Se están dilapidando recursos con prestaciones fantasmas, millones de pesos son gestionados por un grupo de verdaderos lobos con piel de cordero, bajo un sistema de corrupción y violencia que la justicia deberá investigar, dejando a provincias enteras, a miles de ex combatientes y su grupo familiar sin ningún tipo de acceso a los sistemas de atención que la obra social debe brindar bajo un programa especial.
La Resolución 191/2005 crea el Programa Nacional de Atención a Veteranos de Guerra y su Grupo Familiar, destinado a satisfacer la demanda de atención médica y odontológica de los afiliados veteranos de guerra y su grupo familiar que ascienden a unos 34.000 beneficiarios. Dicho programa maneja recursos propios que provienen de los aportes que los ex combatientes realizan con las pensiones otorgadas por la ANSES.
Es un sistema sustentable ya que el ingreso de un ex combatiente equivale a 5 aportes de un beneficiario de la jubilación mínima.
La Gerencia de Veteranos de Guerra de Malvinas
Dicho esto, existe un “raviol” en la estructura de PAMI que es la “Gerencia de Veteranos de Guerra de Malvinas”, pero sin relleno, sin tener un plantel de agentes jerarquizados con profesionales con perfiles adecuados para asumir la importante tarea de diseñar y ejecutar políticas socio-sanitarias para una población “finita”, como es la de todos los Ex Combatientes del país.
Su titular, el Sr. Miguel Ocampo, debe haber presentado como CV para ocupar el cargo de gerente, un curso realizado en la escuela de la «Doctora» Gisele Rímolo. Quienes lo conocen afirman que no cumple con los saberes mínimos para llevar adelante la gestión que debe garantizar la ejecución del presupuesto que el INSSJP PAMI destina para cubrir las prestaciones, presupuesto que no se llega a ejecutar en su totalidad y otro tanto se va por los nichos de corrupción.
Según lo informado en respuesta al Pedido de Información Pública que el CECIM solicitó en 2024, el presupuesto asignado para el año 2024 fue de $ 15.442.487.307,80 y el presupuesto ejecutado 2024 fue de $ 13.493.880.793,35. Es decir… ¡Dos mil millones de pesos sin ejecutar!
Todo mientras el director ejecutivo de PAMI, Esteban Legizamo, planificaba el recorte de medicamentos para quienes en 1982 siendo muy jóvenes fueron llevados por la Dictadura Militar a la aventura bélica que causó estragos en su salud para toda la vida.
La gestión es más que deficiente, además de corrupta. No hay análisis cuantitativos prestacionales, mapas de coberturas de prestadores, tasas de uso; y lo peor aún, no existe planificación estratégica para dar cumplimiento a la Resolución 191/05 Programa Nacional de Atención a Veteranos de Guerra y su Grupo Familiar que dispone acciones preventivas para este grupo particular.
Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires
Durante este tiempo de gestión de Milei, Villarruel y el Dr Esteban Leguizamo en el PAMI, se derrumbó el alcance del programa para los ex combatientes ya que solamente pueden acceder a las prestaciones en algunas de las grandes ciudades del país, dejando sin cobertura a miles de beneficiarios alejados de los grandes centros urbanos.
Para tomar como ejemplo, el programa cubre prestaciones odontológicas de alta complejidad e implantes: para ello hay un único prestador en el país que es la Facultad de Odontología de la CABA, que brinda prestaciones de excelencia, pero se ubica a 1770 km de La Quiaca y a 3160 de Ushuaia. El 70% del universo de la población de Ex Combatientes no puede acceder a esta prestación.
Pero advertimos que hay una concentración prestacional que merecería ser auditada: la partida presupuestaria 2024 para Prestaciones Odontológicas fue de $ 1.240.633.724,70 y se ejecutó, solo en la Facultad de Odontología de la UBA $ 1.553.148.542,78, monto mayor al presupuestado, pago efectuado desde la UGL 6 de CABA. Haciendo una comparativa es como si se hubiesen colocado 1553 implantes en 250 días hábiles que tiene el año. Por eso exigimos una auditoría.
De más está señalar que la concentración prestacional va en detrimento de la accesibilidad de la población de Ex Combatientes de Malvinas y su grupo familiar que habitan el territorio nacional alejados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contraponiendo lo dispuesto en la Resolución 191/05 Programa Nacional de Atención a Veteranos de Guerra y su grupo familiar y a la Resoluciones 2021-1335, DI-2022-296, DI-2023-110 que aprobaron el Programa Odontológico para Veteranos que se propuso ampliar la oferta prestacional para los afiliados Veteranos de Guerra y su grupo Familiar.
Si analizamos el gasto médico por UGL de acuerdo a la cantidad de afiliados y el promedio de gasto, nos asombra: estos son fueron suministrados por el INSSJP PAMI ante el pedido de Información Publica realizado por el CECIM La Plata en 2024.
Este cuadro demuestra las inconsistencias informadas: no hay datos de gastos médicos en el pedido de información pública de las Unidades de Gestión Local UGL 15 Santa Fe – UGL 16 Neuquen – UGL 18 Misiones – UGL 22 Jujuy – UGL 25 La Rioja – UGL 30 Azul – UGL 31 Junin.
Se observa que en la UGL Chaco se realizaron 12147 prestaciones y se apuntaron $50.000 de gastos médicos ejecutados en 2024.
UGL 12 Salta con 736 afiliados el gasto médico promedio por afiliado en 2024 fue de $352.657 pesos, UGL 1 Tucumán con 664 afiliados de $268.289, UGL 20 La Pampa con 156 afiliados de $115.714, UGL Chaco con 1668 afiliados de $29, UGL 2 Corrientes con 2270 afiliados de $35.814. Siendo Chaco y Corrientes después de las UGL de la Provincia de Buenos Aires las que más Ex Combatientes tienen.
Llama poderosamente la atención la diferencia abismal en los gastos médicos promedios por afiliados tratándose de una población de las mismas características etarias.
Alerta por los medicamentos
A pesar de las presentaciones en la Justicia y los reclamos al Dr. Leguizamo, se mantiene el recorte en medicamentos. El PAMI cubría el 100% a los Ex Combatientes ya que la Resolucion 191/2005 establece que se debe cubrir “la demanda prestacional”. Este recorte que sufren más de 5 millones de Jubilados y Pensionados trataba de aclarar en forma engañosa en la resolución 2431 del 5 de Septiembre del 2024, que “no se encuentran alcanzados por estas restricciones los afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur”.
Luego de haber recibido la carta documento enviada por el CECIM La Plata intimando al Director Ejecutivo Esteban Leguizamo para que en un plazo de 12 horas reestableciera la cobertura de los medicamentos al 100%, las autoridades de PAMI salieron a desmentir el legítimo reclamo afirmando que no había ninguna dificultad ni recorte.
Nos están mintiendo en la cara. Los Ex Combatientes también fuimos alcanzados por el brutal recorte que están sufriendo los jubilados beneficiarios de PAMI.
Estamos recibiendo los comprobantes emitidos por las farmacias y también comprobantes de PAMI donde se constata que las autoridades están cometiendo una acción temeraria, maliciosa y flagrante sobre la situación de la cobertura de medicamentos para los ex combatientes.
Ello implica una retracción maliciosa en lo que concierne al estado de goce de los derechos, y puntualmente, una inobservancia por parte del Estado de las obligaciones y estándares internacionales asumidas en los Instrumentos de Derechos Humanos de jerarquía constitucional, como resultan ser el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, así como el derecho a la vida, ambos interdependientes e indivisibles, consagrados en los artículos 12.1, 12.2.d del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) y 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP), ambos de jerarquía constitucional conforme el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
Como agravante, estos ataques se realizan a una población vulnerable con patologías producidas por la experiencia traumática vividas en la Guerra de Malvinas, entendiendo que en cabeza del Director Ejecutivo del PAMI le cabe la responsabilidad de omitir obligaciones asumidas a partir de la creación del “Programa Nacional de Atención a Veteranos de Guerra” Resolución 191/05, que lesiona derechos fundamentales a una pluralidad de sujetos.
Medicamentos como la Metformina indicada para la diabetes, Alplax para trastornos de ansiedad, Atlansil antiartrítico, Anemidox para el tratamiento de la anemia, Dexopral para la esofagitis, Sinlip para el colesterol, Dilcoran un medicamento que se utiliza para tratar la presión arterial alta, la insuficiencia cardíaca congestiva y mejorar la supervivencia después de un infarto de miocardio, Allopurinol para la reducción del ácido úrico, y el Emotival ansiolítico, entre tantos otros, fueron quitados de la cobertura al 100% a los Ex Combatientes.