Lejos de cualquier espíritu «libertario», el gobierno de La Libertad Avanza dispuso un nuevo aumento de impuestos. Pero no cualquiera: en este caso es el de los combustibles, que según la ley se debe destinar a obras viales. Justamente algo que el Ejecutivo suspendió cuando asumió a fines de 2023.
A través del decreto 617/2025, el Gobierno publicó en Boletín Oficial este lunes un aumento cercano al 0,8% en el precio en el surtidor. Se trata de una decisión que habían dispuesto en mayo del año pasado referida a que los montos fijos se actualicen por trimestre sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministra el INDEC.
Involucra tanto a los Combustibles Líquidos como también el Impuesto al Dióxido de Carbono. El Gobierno habla de «recuperar ajustes pendienes». Lo que afectará los bolsillos de la población y la actividad productiva que va entrando en “estado de recesión”. Para agosto, las consultoras ya proyectan alzas de hasta el 3 por ciento en el precio de los alimentos. Con el aumento de los combustibles vendrán nuevas subas para las próximas semanas.
Más impuestos, menos rutas
Mientras tanto, el Gobierno sigue incumpliendo la norma en la que se estipula que lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles debe ir a obras viales: construcción y mantenimiento de rutas.
En la práctica, se están guardando esos miles de millones de pesos, y las rutas empeoran. Un ejemplo es la Ruta 3, que cruce la Provincia de Buenos AIres y se extiende hasta la Patagonia. En el centro bonaerense, los grupos de autoconvocados vienen creciendo, en reclamo por mantenimiento y que avance la autopista que había arrancado el gobierno anterior desde Monte hasta Las Flores y que también comprendía el tramo hacia Azul. En ese tramo los siniestros viales se duplicaron este año respecto al mismo período de 2023.
A ese combo se le agrega algo más peligroso: días atrás, por impulso de Federico Sturzenegger, se permitió que los camiones bitrenes circulen por todo el país, algo que hasta el momento estaba restringido solo a ciertas rutas más aptas.
En febrero, el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis realizaron una presentación judicial, tras una reunión en Luján con intendentes, reclamando la falta de inversión y abandono de todas las rutas nacionales que atraviesan la Provincia y la subejecución de recursos que el Estado nacional recauda y debe invertir en infraestructura vial.
El senador salteño Sergio Leavy (Unión por la Patria), había planteado semanas atrás en el Congreso: “Por cada peso no invertido en mantenimiento de rutas luego se gastan 5,5 veces más en obras de rehabilitación. La plata está, pero no aparece. Durante 2024, el monto total a transferir al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, proveniente del Impuesto a los Combustibles, debería de haber ascendido a $ 618.964 millones de los cuales correspondería transferir a Vialidad Nacional $ 309.482 millones, pero solo se transfirió poco más de un tercio de los recursos establecidos por la normativa, $107.013 millones. ¿A dónde está yendo a parar todo ese dinero, sino es a las rutas?”.
Colapso vial
Hace apenas un mes, Sergio Ruppel, presidente de la Fundación Profesional de Transporte y especialista en infraestructura vial, advirtió que la mitad de las rutas del país se encuentra en mal estado. La preocupación no solo abarca el deterioro del pavimento, sino el abandono de funciones esenciales por parte del Estado nacional: “La situación es desesperante. No es algo que comenzó este año. Las rutas vienen deteriorándose desde hace mucho tiempo”, señaló con énfasis.
“Hoy tenemos la misma cantidad de rutas que hace décadas, pero con un tránsito que se ha multiplicado. Vialidad Nacional está desactivada de hecho. No interviene de manera significativa desde hace años”, explicó Ruppel durante una entrevista con Rivadavia AM 630. Y lanzó una pregunta inquietante: “¿Quién se va a ocupar ahora del mantenimiento, la asistencia y las emergencias en las rutas?”.
El especialista apuntó contra el plan oficial de trasladar la responsabilidad a las provincias o de avanzar hacia la privatización del sistema vial: “Las provincias no tienen fondos. Si no pueden sostener hospitales ni escuelas, mucho menos van a poder hacerse cargo de las rutas. Y cuando el gobierno intentó ofrecer las principales rutas a privados, nadie quiso tomarlas por el nivel de deterioro y el costo de inversión que requieren”.
Además, explicó que el modelo de concesiones no es tan fácil de implementar, debido a los altos costos, el largo plazo de recuperación y los riesgos económicos. “El precio de los peajes sería insostenible. Y los privados no van a ir a lugares como Pino Hachado o zonas rurales del norte, donde la vialidad presta asistencia vital en emergencias climáticas o cortes por nieve”, dijo. “Vialidad no es solo repavimentar, también es presencia estatal en emergencias”.
Ruppel advirtió también sobre las consecuencias humanas y económicas de este abandono: “¿Quién no tiene un familiar o conocido que haya tenido un accidente de tránsito? Estamos hablando de vidas humanas, pero también del altísimo costo económico que significa la atención a la accidentología: ambulancias, hospitales, cirugías. La inversión en rutas es también una política de salud”.
Y concluyó: “Estamos desmontando un organismo que cumple un rol estructural en la integración territorial del país. Si no se actúa con urgencia, el colapso de la infraestructura vial va a tener consecuencias gravísimas”.
Tampoco invierten en la Cuenca del Salado
Las fuertes lluvias del fin de semana trajeron más inundaciones a campos bonaerenses que se encuentran en emergencia económica y productiva. ¿Qué tiene que ver esto con el Impuesto al Combustible? Que en este tema también hay un porcentaje de lo que se paga por la nafta que debe ser destinado a obras hídricas. Y tampoco se cumple.
El Plan Maestro de la Cuenca del Salado tiene como propósito canalizar los excesos hídricos en años lluviosos como el presente. Pero durante la gestión de Javier Milei fueron paralizadas. Con alerta de altas precipitaciones para el fin de semana (con la clásica tormenta de Santa Rosa) y miles de campos inundados, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, la situación se vuelve más desesperante.
El tema es que la paralización de obras hídricas no se debe a una búsqueda de achicar gastos para alcanzar un superávit fiscal: hoy existe un instrumento específico –financiado por los usuarios de vehículos– que cuenta con cientos de miles de millones de pesos para realizar obras hídricas y que el Gobierno prefiere tenerlo en plazos fijos y Lecaps.
Como relata el sitio Bichos de Campo, seguramente son pocos los que saben que al momento de cargar nafta en una estación de servicio están contribuyendo con una alícuota del 5% sobre el valor del combustible que se destina al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica. En el caso del gas natural comprimido (GNC), el aporte es del 9%.
Creado en 2001 por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, lo recaudado por el instrumento fiduciario debe destinarse a la financiación de obras de infraestructura diseñadas para mitigar desastres generados por inundaciones.
Casi un cuarto de siglo después, las inundaciones en la provincia de Buenos Aires se profundizan, al amparo del cambio climático en el que tampoco cree La Libertad Avanza. Y también crece la recaudación diaria realizada por el Fondo de Infraestructura Hídrica.
Esta semana, en su informe de gestión N° 144, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó en la Cámara de Diputados la información actualizada de ese fideicomiso creado por Cavallo.
El documento oficial señala que el Fondo de Infraestructura Hídrica registró en el primer semestre de 2025 ingresos por 92.239 millones de pesos, en su mayoría gracias a los aportes forzosos realizados por propietarios de vehículos particulares y transportistas.
Sin embargo, el uso que hizo el Gobierno de los recursos del fideicomiso fue de apenas 14.090 millones de pesos en el período, «razón por la cual el resultado del instrumento generó –descontando gastos de funcionamiento– una ‘ganancia’ de 76.932 millones de pesos al cierre del primer semestre del año», explica el artículo del sitio especializado.
Preferencias del Gobierno Nacional
De acuerdo al documento oficial, al cierre de julio de 2025 el Fondo de Infraestructura Hídrica contaba con 174.060 millones de pesos, de los cuales 154.676 se encontraban en plazos fijos y Lecaps, y solo 19.384 millones están en cuentas a la vista.
«Mientras que las obras del Plan Maestro de la Cuenca del Salado fueron rescindidas o neutralizadas por la administración de Javier Milei, no sucedió lo mismo con otras realizadas en las provincias de Formosa, Santiago del Estero, Misiones, San Juan, Santa Fe, Entre Ríos y partidos del Conurbano bonaerense», añaden, haciendo hincapié en las preferencias ideológicas y arbitrarias de Nación con determinadas provincias.
El documento de la Jefatura de Gabinete incluso menciona que los fondos del fideicomiso creado para mitigar problemas derivados de inundaciones se están usando para el mantenimiento de radares meteorológicos.
«Luego de que el gobierno de nacional decidiera congelar la ejecución de las obras destinadas a mitigar inundaciones en la Cuenca del Salado, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof retomó la iniciativa ante la gravedad de los excesos hídricos registrados en varios partidos», remarca Bichos de Campo.