“Manicomios porteños: la transformación que no llega”. Así, se titula el informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al cumplirse 15 años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental.
El estudio advierte que «la Ciudad de Buenos Aires mantiene un sistema de atención que viola los derechos humanos y contraviene la normativa vigente«.
La normativa fue sancionada en 2010 y apunta entre otras cosas al cierre de los manicomios, neuropsiquiátricos y toda institución de internación monovalente, con el fin de crear «un sistema de atención en salud mental de base comunitaria que respete la dignidad humana», según definen las organizaciones en el documento.
El año 2020 era la fecha límite establecida para reemplazar esos establecimientos por dispositivos, en el primer nivel de atención, en salas en hospitales generales y en servicios de apoyo a la vida en comunidad.
Terminando el año 2025, eso aún no pasó ni está cerca de pasar en territorio porteño, donde «el modelo prevalente en la Ciudad de Buenos Aires constituye un ejemplo paradigmático del incumplimiento de la ley en nuestro país».
El informe de las organizaciones sociales concluye que «la subsistencia de la internación como la respuesta principal a esta problemática tiene su correlato en la ausencia de dispositivos que permitan a las personas salir del hospital psiquiátrico y vivir en la comunidad: la CABA solo cuenta con 7 residencias asistidas con capacidad total para 77 personas y 4 grupos familiares. Ninguna de ellas tiene vacantes disponibles«.
Esta situación repercute en historias como la de Laura, internada en el Moyano: «Hace como 5 meses que estaría para irme, me están echando diciéndome que no soy una paciente con criterio de internación, pero no tengo lugar dónde ir«.
A partir de datos y testimonios de personas que vivieron el encierro, el documento apunta evidenciar que “dejar atrás los manicomios no es solo una obligación legal, sino una deuda ética y social”.
Violación de derechos
«Vivir ahí es un bajón, una depresión. No siempre podés salir a la sociedad. Tenés que depender de los médicos y de los enfermeros para todo; para cada actividad que necesitás hacer. Para pedir los permisos, para transitar por el hospital, para salir afuera, para ver a los familiares o los allegados», expresó Carlos, ex usuario del Borda. Su testimonio aportó al informe elaborado a 15 años de la Ley de Salud Mental, incumplida en la Ciudad.
En el mismo sentido, continuó: «La verdad, yo no le deseo a nadie que esté internado. Las internaciones ni siquiera son bien manejadas, ni de última instancia. Porque el ser humano no puede depender de un lugar de asilo para establecer la estabilidad y la armonía, para convivir en sociedad».
El informe elaborado por ACIJ y CELS señala cuáles son los principales elementos «que dan cuenta de un status quo que viola derechos». En primer lugar, en la Ciudad todavía funcionan los históricos cuatro hospitales psiquiátricos públicos (Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda, Hospital Neuropsiquiátrico Braulio A. Moyano, Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear y Hospital Infanto Juvenil Carolina Tobar García) y ninguno de ellos cuenta con un plan de adecuación.
En 2024, estos centros reunían el 94,4% del total de camas de internación, y los hospitales generales solo el 5,6%.
En segundo lugar, no se observa una tendencia a la baja en las internaciones que refleje un vaciamiento progresivo de estos espacios. De hecho, según datos oficiales, el año pasado las internaciones aumentaron en todos los hospitales psiquiátricos con respecto a 2023.
El relevamiento refleja que el 72% de las personas adultas internadas entre mayo y octubre de 2024 presentaban internaciones de más de seis meses, con máximas de hasta 40 años y un promedio cercano a los 10 años.
Todo esto, con internaciones en contextos de exposición a «infraestructuras precarias, a situaciones de aislamiento y encierro, a múltiples formas de violencia física y psicológica, y a prácticas de sobremedicación, lo que daña su salud y conduce a la pérdida de todas sus habilidades para la vida autónoma». Además, alertaron los equipos de especialistas, las muertes que ocurren en esos espacios no suelen investigarse debidamente.
A nivel presupuestario, la distribución de los recursos públicos «fortalece el sistema manicomial». El 75,6% del presupuesto ejecutado en 2024 se destinó a los 4 hospitales psiquiátricos, mientras que el Programa de Externación Asistida para la Integración Social (PREASIS) fue desfinanciado, denunciaron ACIJ y el CELS.
Salud mental y situación de calle
Fiel a su objetivo de «limpiar» la vía pública de personas en situación de calle, el gobierno de Jorge Macri emitió en febrero del año pasado la Resolución Conjunta N° 1/SECSEG/24, que aprobó el «Protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático».
La norma regula la intervención de diferentes sectores gubernamentales en relación con las personas en situación de calle y establece la posibilidad de trasladarlas para ser evaluadas en instituciones médicas.
Pero, según ACIJ y el CELS, «no precisa con claridad los criterios para activar el procedimiento ni la manera en la que se garantiza el otorgamiento del consentimiento informado. Asimismo, ante la escasez de camas para internación por motivos de salud mental en hospitales generales, el protocolo habilita a internar a personas en hospitales monovalentes, lo que no solo desconoce la Ley Nacional de Salud Mental, sino que podría contribuir a la internación crónica de personas por situaciones de déficit habitacional, dado que la falta de vivienda es una de las situaciones que hace que las personas no puedan salir de estos espacios una vez que ingresaron».
Todo esto, en un marco en el que la problemática de las personas en situación de calle se está agravando en la Ciudad. El Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle de diciembre de 2023 reveló que había más de 8.000 personas en situación de calle en el distrito. El 27,8% confirmó que su salud mental se vio afectada por la situación de calle y el 51% dijo tener consumos de sustancias.
«Estos datos evidencian que un gran porcentaje de la población en situación de calle atraviesa situaciones vinculadas a la salud mental, lo que en muchos casos se explica por sus condiciones de vida, y resaltan la necesidad de una atención integral, que incluya políticas enfocadas en el acceso a la vivienda, a la educación, al trabajo y a la salud», concluyeron las organizaciones.