Autoconvocatoria Cannábica Bonaerense, la organización en defensa del autocultivo y del acceso al cannabis, explica que en la Provincia de Buenos Aires necesitan una Ley de Cannabis y reconocen que existe una voluntad política manifiesta para seguir avanzando en esa dirección.
La agrupación, compuesta por numerosas organizaciones, pregona el acceso a tratamientos, la protección del trabajo de cuidadoras y cultivadores, y el reconocimiento cultural del cannabis como parte de una historia ancestral y popular.
Frente al vaciamiento de políticas públicas a nivel nacional ejecutadas por el gobierno de Javier Milei, desde los territorios decidieron organizarse. Y sostienen, «lo que no se cuida desde arriba, se sostiene desde abajo».
Participan organizaciones sociales, clubes de cultivo, fitomejoradores, trabajadores, cultivadores, solidarios y emprendedores populares de toda la provincia para construir colectivamente una propuesta de Ley, «que sea inclusiva, con los pies en la tierra y las manos en la planta«, señalan desde el sector.
Estado legal del cannabis
La provincia tiene una adhesión hecha a la Ley Nacional 27.350 a través de la Ley 14924. En 2021 presentó un proyecto propio, pero nunca se reglamentó. Por eso, desde las organizaciones del territorio piden a la provincia construir -en conjunto- un nuevo proyecto.
Karina Romanelli es presidenta de la Asociación Civil Cultivo Mi Medicina, en el diálogo que mantuvo con Tiempo, sostuvo. «La Ley de Cannabis en la Provincia de Buenos Aires aún es un proyecto. Para que se traduzca en una política pública real y garantice derechos, es fundamental que contemple e integre a las organizaciones sociales, clubes de cultivo y actores de la economía popular».
Y completó: «Sin la participación activa de la comunidad, no hay acceso genuino, ni justicia social, tampoco sanitaria en el campo del cannabis».
Karina cerró ahondando: «Por esa razón es que creemos que la construcción debe ser colectiva entre todas las organizaciones del territorio de la provincia, no solo con algunas. Es por eso que abrimos esta red, para que se sumen todas las personas que están trabajando con la planta».
Por una Ley inclusiva
Explican desde la organización que necesitan una Ley que no deje afuera a nadie: «Que reconozca el laburo silencioso de las madres que cuidan, cultivan y sostienen. Que valore a la economía popular como actor clave del mundo cannábico. Que entienda que sin comunidad, no hay cuidado ni producción posible».
Y reivindican: «El derecho de los fitomejoradores a registrar sus genéticas en la provincia. El reconocimiento del cultivo solidario como herramienta de acceso y cuidado. La participación real y con mirada territorial en cada decisión pública».
Por qué es necesaria la Ley de Cannabis
Claudia Pérez es presidenta de la ONG Madres Cultivadoras Argentinas. «Son varias las razones que nos motivan. La principal, es el retroceso en materia de derechos desde el Estado nacional, derechos que son legítimos, derechos ya conquistados que nos han costado vidas, libertades y muchos años de lucha», enfatizó.
Y agregó: «A lo largo del tiempo -alrededor de 20 años- en nuestro país se fue conformando un movimiento cannábico de una magnitud sin antecedentes en el mundo. Que abarca absolutamente todas las áreas y su cadena productiva».
Claudia explicó que se trata de una red comunitaria esparcida en todo el territorio nacional, «que no solo comparte saberes, como si fuera poco sostiene la salud de gran parte de la sociedad, algo que el Estado hoy está destruyendo».
Madres cultivadoras
Explicó que al menos el 50% de ese colectivo está concentrado en la provincia, fue constituido por las madres cultivadoras, organizaciones territoriales, fitomejoradores, profesionales, trabajadoras de la salud y la economía popular.
La mujer señaló que la Ley de Cannabis debe ser desde la comunidad, haciendo valer y respetar sus saberes que producen como una red de resistencia al desmantelamiento de todas las áreas del Estado que viene ejecutando La Libertad Avanza (LLA).
«Necesitamos una red que nos abrace y nos contenga desde la potencia de cada uno de los territorios logremos aunar fuerzas para hacer frente a este contexto político tan adverso. Para poder construir un escenario lo más parecido a lo que soñamos», expresó Claudia.
Así surgió la convocatoria para formar el Movimiento Cannábico Bonaerense. «No nace de un vacío, sino de años de historia de organización y lucha, de aprendizajes compartidos, de voces que se multiplican y no se resignan a perder nada más», dijo la mujer.
Y concluyó: «Buscando como claro objetivo el acompañamiento para construir una Ley provincial que no criminalice y que no excluya. Una Ley que priorice, reconozca y valore a ese movimiento que tanto le aporta a la provincia y su comunidad».
Saberes experienciales
El cannabis como medicina, trabajo, cultura y cuidado. Desde el trabajo social y las organizaciones territoriales, apuestan a procesos colectivos que reconozcan saberes populares, territorios organizados y políticas del cuidado.
«Hay voluntad política, sí», afirman desde el sector. «Pero sobre todo hay comunidad. ¡Vamos por una Ley con justicia social y soberanía popular cannábica», remarcan.
María Solange Nobila es becaria de la Comisión de Investigación Científica (CIC) e integrante de RESET – Políticas de Drogas y Derechos Humanos. «Elegimos tejer nuevas estrategias colectivas para impulsar la construcción de la una Ley de Cannabis», aseveró.
Y completó : «Sabiendo que una política verdaderamente transformadora sólo es posible si se construye junto a quienes ya sostienen al cannabis como herramienta de salud, cuidado y trabajo históricamente en los territorios».
María Solange explicó. «Una Ley sin participación popular no garantiza derechos: reproduce exclusión. Frente al avance regresivo del gobierno nacional, organizarse en la provincia no es solo una alternativa, es una urgencia política y estratégica».
Desguace en el Estado
Cabe destacar que el 8 de julio de 2025, el Gobierno Nacional publicó el Decreto 462/2025, que disolvió -entre muchos otros organismos- la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis (ARICCAME) junto al Instituto Nacional de Semillas (INASE). Lo hizo bajo argumentos de ajuste administrativo. Se trata de un cambio regresivo que dispersó las competencias en distintos organismos.
Entonces la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) quedó a cargo del cannabis medicinal (flor y biomasa). La Secretaría de Industria y Comercio asumió la regulación del cáñamo industrial, en tanto, la Secretaría de Agricultura tomó el control de semillas y trazabilidad genética.
Esta nueva reorganización institucional -dispuesta por decreto antes mencionado- no eliminó las funciones que antes cumplía ARICCAME, sino que las redistribuyó en organismos que no están preparados ni comprometidos con la temática.
Maria Solange remarcó: «Creemos que se suprimieron estructuras clave sin construir capacidades nuevas. La consecuencia, es que se desarticularon los espacios de participación federal y social, se abandonó el acompañamiento a proyectos comunitarios y cooperativos».
También se endurecieron los criterios de licenciamiento y trazabilidad, más de 100.000 personas del Reprocann quedaron en situación de incertidumbre. «Además, el registro de semillas nacionales está paralizado, el control pasó a manos de entidades como ANMAT, sin experiencia específica ni sensibilidad frente al trabajo territorial con cannabis», denunció la profesional.
Retroceso institucional
Ante este retroceso institucional a nivel nacional, y la falta de voluntad política para reformar la Ley de Drogas N.º 23.737, que aún penaliza conductas vinculadas al cannabis: » Nosotras impulsamos la construcción de una Ley provincial como vía concreta de protección y acción en garantía de derechos», enfatizó María Solange.
En esta línea, cabe recordar, que en diciembre de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó y la Organización de la Naciones Unidas (ONU) aprobó sacar al cannabis de la Lista IV de estupefacientes.
Lo hizo reconociendo su valor terapéutico; excluyendo del control internacional al CBD con menos de 0,2 % de THC; promoviendo de ese modo la investigación, el acceso y la producción nacional.
María Solange subrayó: «Esta evidencia científica y política respalda nuestra exigencia de avanzar con marcos regulatorios más humanos, progresivos y basados en derechos».
Y concluyó: «Ojalá en un futuro cercano esta red provincial que formamos se encuentre con otras redes amigas para gestar un proyecto cannábico nacional serio, el que nos merecemos hace tiempo, sin que las lógicas del mercado metan la cola».