Tras ser identificado hace apenas unas semanas por la fiscalía con aportes de organismos de derechos humanos, el oficial ayudante Pablo Alexis Aldama fue indagado este martes por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1, a cargo de María Servini, que lo investiga por la supuesta agresión cometida el 12 de marzo, en los alrededores del Congreso, en contra de la jubilada Beatriz Blanco, quien terminó desplomada en el suelo y con lesiones en la cabeza y el ojo. El policía presentó un descargo por escrito en el que negó haber “agredido directamente” a la mujer, entonces de 81 años, y pidió ser sobreseído.
En la presentación, que consta de 55 páginas a las que tuvo acceso Tiempo Argentino, el integrantedel batallón 2 del Cuerpo de Guardia de Infantería de la Policía Federal aseguró que actuó conforme al protocolo, e incluso en defensa propia ante las presuntas agresiones recibidas por parte de Blanco. Su relato fue en sintonía con los dichos de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien acusó a la mujer y reivindicó la violenta represión de ese día en las inmediaciones del Congreso.
“No soy yo Pablo Aldama, quien tiene contacto con la Sra. Blanco al momento del hecho, la que por cuestiones que desconozco, se cae hacia atrás sobre la vereda, aunque infiero que ello pudo responder a la propia inercia de la señora teniéndose en cuenta su avanzada edad (82 años), máxime al estar ella levantando permanentemente su bastón para golpear a los uniformados y no como punto de apoyo de su propio cuerpo, más el giro natural de (Inspector Nicolás) Céspedez que seguramente provocó la reacción de ella de querer retroceder –reitero- sin el apoyo de su bastón”, se defendió el oficial.
Además, el hombre reconoció haber usado gas pimienta “una sola vez” en dirección al cuerpo de la mujer solo “para persuadirla de dejar de agredir al personal policial”. Es que el 22 de abril, Blanco había declarado que “en ese momento me corro a la izquierda y me encuentro con un gendarme o un policía de rango que estaba uniformado y le dije porque no se iban de allí y porque no dejan llegar la gente a la vereda para descomprimir”.
“Acto seguido el tipo, que tenía un palo en la mano, me pegó con eso en la cabeza, y yo caí de espaldas al suelo. Una vez que yo ya estaba en el suelo el mismo policía extrajo una lata y me rocío con gas pimienta en la cara y los ojos”, reconstruyó la jubilada, que como muchos de sus pares se manifiestan todos los miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación en reclamo de mejoras para el sector.
🔴 Feroz represión en la marcha de jubilados e hinchas.
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Las fuerzas federales de Javier Milei y Patricia Bullrich respondieron con balas de goma, gas lacrimógeno y camiones hidrantes al pueblo que salió a las calles.
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Aldama insistió en que la mujer resultó herida en su cabeza pero producto de la caída y no porque él la haya golpeado. En esa línea, destacó que no recibió “ningún llamado de atención de parte de la Superioridad de la Policía Federal Argentina, ni de mis superiores directos presentes en el lugar del evento, ni mucho menos, ni tampoco he recibido reproche una vez finalizado el servicio”.
“No existió impericia, imprudencia, ni negligencia, ni tampoco violación de ningún tipo de reglamento en todas las acciones que desplegué el día del evento”, concluyó Aldama.
Represión salvaje
El mismo día que Blanco terminó en el suelo con la cabeza rota, un cartucho de gas lacrimógeno arrojado por el cabo primero de Gendarmería Nacional Argentina, Héctor Jesús Guerrero, le provocó “lesiones gravísimas” al fotorreportero Pablo Grillo, cuyas secuelas en su salud se pronuncian hasta la actualidad. Por si fuera poco, en la misma jornada el hincha de Chacarita, Jonathan Navarro, perdió la visión de un ojo. Esa herida la provocó el impacto de un balazo de goma disparado por Sebastián Martínez, integrante de la Agrupación Guardacostas de Prefectura.
Aquel 12 de marzo, por los menos tres fuerzas de seguridad federales quedaron involucradas en casos de violencia institucional que más allá de de haber actuado con aval político, están rindiendo cuentas judicialmente.