Desde el Centro Universitario de Devoto (CUD) y el Centro Universitario de Ezeiza (CUE), dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), denuncian muertes de detenidos por falta de atención médica y que el Sistema Penitenciario Federal (SPF) realizó un recorte de alimentos y horas de trabajo de los allí cautivos, quienes ganan pequeño ingreso para ayudar a sus familiares.
Aseguraron que la entrega de alimentos es poca y que la atención médica es esporádica, prácticamente nula. Puntualizan en que los penitenciarios han entorpecido repetidas veces las trayectorias académicas y extracurriculares de muchos estudiantes.
Los estudiantes aseguraron: «Durante los últimos meses ocurrieron varias muertes por falta de atención médica; es decir, podrían evitarse. Sin embargo, ocurren bajo custodia del Estado, en forma indiscriminada, lo que muestra un gran desprecio por la vida humana». Falleció un estudiante detenido y denuncian falta de atención médica
Detenidos, contra la resolución ministerial
También ratificaron su repudio a la reforma penitenciaria federal y la proscripción de sus espacios educativos por parte del Gobierno Nacional, en su Resolución 372/2025 del Ministerio de Seguridad, que dirige Patricia Bullrich.
Desde el CUE, ubicado en el Complejo Federal 1 de Ezeiza, aseguraron a Tiempo. «Nosotros repudiamos la reforma porque deja de lado los objetivos más importantes de la penitenciaria y el espíritu de la ejecución de la pena: que las personas detenidas puedan realizarse durante el tiempo de encierro».
Y denunciaron. «De este modo interrumpen las trayectorias educativas de los estudiantes y nos aplican inteligencia penitenciaria y espionaje, nos espían a nosotros, a nuestras familias y profesores. Además, ahora los uniformados están habilitados al uso de armas de fuego letales dentro de los espacios carcelarios». Estudiantes detenidos denuncian falta de atención médica y traslados arbitrarios
Cambiaron los objetivos institucionales
Los estudiantes explicaron. «Nos preocupa el cambio de objetivos institucionales, porque implica un serio riesgo, por ejemplo, la pérdida de las tareas de reinserción social basadas en la educación y trabajo. Ahora, con la administración de Bullrich, pasaron a un segundo plano».
Cabe destacar que las personas en situación de encierro que no reciben el adecuado tratamiento penitenciario, egresan de las instituciones penales con mayores problemas de los que ya tenía al ingresar.
«No hay dudas de que las políticas actuales aumentaron la violencia, la represión, el trabajo ilegal y las restricciones en el acceso a la educación. Y disminuyeron la entrega de los alimentos en todos los sectores de la sociedad que son considerados márgenes, no sólo en las cárceles», cerraron desde el CUE.
El fallo del juez Ramos
Después de que Bullrich dictó la Resolución 372/25, que prohibió el funcionamiento de los centros de estudiantes en la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF), el pasado mes de abril, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional invalidó el fallo del juez federal Sebastián Ramos.
El magistrado el pasado 28 de marzo había desestimado un habeas corpus presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) en favor de las personas que estudian en cárceles federales. «La Cámara revocó el fallo del juez federal Ramos porque fue algo insólito», aseguró en aquel momento Ariel Cejas Meliare, abogado y procurador, en diálogo con Tiempo.
Cejas Meliare remarcó que el fallo de la Cámara reconoció expresamente la activa legitimidad que tiene el organismo para representar al colectivo de estudiantes detenidos de todas las cárceles federales.
En este sentido, señaló que los camaristas respaldaron los argumentos presentados por la PPN, bajo los cuales se solicitó la nulidad de la decisión del juez Ramos por haber resuelto el caso sin observar las normas legales vigentes.
Trayectoria académicas interrumpidas
En el Complejo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funciona el CUD, allí los docentes del Programa UBA XXII -educación en contexto de encierro- reclamaron que no les están llevando los estudiantes a que tomen las clases: «De cincuenta personas que tenemos anotadas en distintas propuestas educativas solo nos traen a diez», se quejaron.
Los estudiantes denunciaron. «No es solo que no nos sacan a nosotros a las clases, sino que muchas veces también dificultan el ingreso de las profesoras y los profesores que nos vienen a enseñar. Realmente es muy grave lo que está pasando».
Y señalaron:»Muchos universitarios nos encontramos con el derecho a la educación lesionado y nuestras carreras académicas interrumpidas. Están cometiendo un severo delito federal y no tenemos duda de que en algún momento tendrán que pagar por todo esto ante la justicia».
Finalizaron argumentando. «Lo que están haciendo los políticos de turno es inconstitucional y viola en forma directa el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que fue adoptado por la Asamblea General de la Naciones Unidas e incorporado por Argentina».
Muertes en el encierro
Ambos Centros de Estudiantes vienen denunciando hace tiempo que están ocurriendo muchas muertes por falta de atención médica. En este sentido la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) -según informó Fiscales semanas atrás- que durante el primer semestre de 2025 murieron veintidós personas en distintos penales federales.
El dato surge del informe “Muertes en cárceles federales” que elaboró PROCUVIN, el trabajo detalla que los fallecimientos en la órbita federal corresponden a veintiún varones y una mujer.
Señala que las muertes ocurrieron en trece de los veintinueve penales federales. Y que el promedio etario es de cincuenta y cuatro años y baja a los veintitrés en los casos de fallecimientos traumáticos. También apunta que hay sobrepoblación carcelaria.